El ordenamiento constitucional italiano reconoce a los extranjeros los derechos individuales y sociales, comunmente otorgados a los italianos e incluso, en cierta medida, derechos políticos. Sin embargo, el nivel de exigencias de la legislación ordinaria sobre los trabajadores extranjeros lo convierte en una formulación puramente teórica. La ley de 30 de diciembre de 1986 regula la situación y tratamiento de los trabajadores extracomunitarios inmigrantes y el control de la inmigración clandestina.