La ley de 17 de marzo de 1954 establece como principio la posibilidad de estancia de los extranjeros por tiempo ilimitado en tanto no esté regulado por convenios estatales o limitada en las autorizaciones que se les concedan. Las prohibiones de entrada incluyen infracciones al régimen de policía y aduanero, condenas penales, falta de medios económicos, mendicidad y cualquier actividad contraria a la República o sus instituciones.