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EDICIÓN  ELECTRÓNICA DE TRABAJOS PUBLICADOS 
SOBRE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 
LA CUESTION URBANA EN LOS INFORMES DE LA COMISION DE REFORMAS SOCIALES.
 
Antonio Buj Buj
 
Reproducido de: Horacio Capel, José Mª López Piñero y José Pardo (coords.): Ciencia e ideología en la Ciudad (II). I Coloquio Interdepartamental. Valencia, 1991, Valencia, Generalitat Valenciana/Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1994, p. 73-86. 

La creación de comisiones informativas o la confección de estudios sobre las condiciones materiales y morales de la clase obrera tiene lugar a lo largo del siglo XIX en diversos países europeos, inmersos en procesos de industrialización. La aparición de aquéllas responde al interés de la nueva clase dominante, la burguesía, por el control de las actividades de la clase proletaria.

La nueva sociedad industrial estaba provocando la disolución de la coherencia social tradicional. La ciudad no permanece ajena a este proceso; si hasta la revolución industrial era, básicamente, centro administrativo-político y mercado, constituyendo un espacio definido por los límites físicos de las murallas, a partir del siglo XIX la ciudad industrial rompe las fronteras físicas y esquemas mentales tradicionales.

El objeto de este artículo es analizar la información que sobre la ciudad del último cuarto del siglo XIX aparece en los informes de la Comisión de Reformas Sociales(1), publicados entre 1889 y 1893, y que continúan el debate sobre las condiciones materiales y morales de la clase proletaria española, iniciado ya a finales del siglo XVIII(2). Dicha Comisión se crea en diciembre de 1883, y tiene como finalidad estudiar "las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras".

Del amplio cuestionario de la Comisión, hemos seleccionado las respuestas que más nos pueden acercar a algunas de las líneas fundamentales de la organización urbana capitalista del siglo XIX. Las contestaciones sobre la condición económica de la clase obrera, la escasez e insalubridad de su alimentación, la vivienda obrera y la separación de clases, y su cultura moral e intelectual, nos han de recrear la imagen de la ciudad que tiene la clase obrera española al finalizar el siglo. Asimismo, las respuestas tanto obreras como burguesas del cuestionario forman parte de un debate interesado que las clases dirigentes abren para asegurarse el control de las masas obreras, surgidas con la nueva organización productiva. De esta manera, trataremos de ver las distintas imágenes que sobre la ciudad del momento tiene la burguesía.

Previamente, estudiaremos el marco político e institucional de la sociedad española de la Restauración, que posibilita la aparición de la Comisión de Reformas Sociales y, por otra parte, condiciona el modelo de organización urbana.
 
1. LA COMISION DE REFORMAS SOCIALES (1883 - 1903) Y LA INSTITUCIONALIZACION DE LA REFORMA SOCIAL EN ESPAÑA.

La Restauración de 1874 pone fin a la etapa revolucionaria iniciada en 1868 por distintos sectores burgueses, superados por la marea popular e inseguros de sus propios

objetivos(3). Este aparente fracaso sirve para apuntalar el sistema de dominación burgués y para marginar del orden político al movimiento obrero organizado. El Real Decreto de 1O de Enero de 1874 disuelve la sección española de la Internacional porque atenta "contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales"(4). Tres años antes, La Comuna parisiense había significado para la burguesía española el descubrimiento de un enemigo nuevo y amenazador: la clase obrera organizada(5).

El sistema restauracionista, al frente del cual figura Antonio Cánovas del Castillo, es legitimado desde diversas instancias sociales. Desde las ideas, la nueva mentalidad positivista, afirmadora del orden social y del desarrollo económico, desplaza a la mentalidad idealista y romántica de la burguesía progresista del Sexenio. Esta positivación afecta a los sectores conservadores y a los democráticos. Diego Núñez ha señalado que "frente a las antiguas tendencias idealistas y románticas, las miradas se vuelven ahora hacia el lema comtiano de "orden y progreso", o bien hacia el modelo anglosajón del "self-government""(6).

La economía española vive un período de fuerte expansión entre 1876 y 1886, ayudada por una coyuntura internacional favorable. En esos años se intensifica el proceso de industrialización, que afecta a los sectores textil, siderúrgico y minero, y que se concentra en la periferia peninsular; Cataluña con la industria textil o Vizcaya con la minería del hierro y la industria naviera simbolizan esa transformación.

Este período de crecimiento económico tiene lugar a pesar de las dificultades estructurales de la agricultura española y de graves problemas demográficos. Estos, expresados en las altas tasas de mortalidad, tienen su origen en la malnutrición, la deficiente organización sanitaria y las prácticas antihigiénicas.

La industrialización agrava, en un primer momento, las deficientes condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras como consecuencia del hacinamiento y del deterioro de las condiciones higiénicas. El rápido crecimiento de algunas ciudades, causado por masivas corrientes inmigratorias, agudiza esa degradación. Los testimonios sobre la situación de penuria de las clases trabajadoras españolas abarcan todo el siglo XIX.

Para los años anteriores a la Restauración, tenemos los trabajos de Ildefonso Cerdá, Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856 (7); la obra de P.F.Monlau Higiene industrial.¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras? (Madrid, 1856); de J.Salarich, Higiene del tejedor ó sean medios físicos y morales para evitar las enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el algodón (Vich, 1858); de F.Méndez Alvaro, Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en España la higiene municipal (Madrid, 1853), y los trabajos de Rogelio Casas de Batista o Juan Giné Partagás, entre otros(8). Asimismo, las numerosas topografías médicas de ciudades estudian el estado sanitario de las poblaciones y sirven de base documen-tal de la situación higiénica de las ciudades españolas(9).

El estudio de Cerdá nos permite conocer los gastos de una familia obrera a mitad del siglo. Josep Fontana lo ha sintetizado: "Más de la mitad de sus ingresos se destinaba a la alimentación y, dentro de este capítulo, el pan absorbía la mitad de la suma gastada diariamente (lo que equivale a decir que en él se consumía la cuarta parte del salario). La otra mitad del dinero gastado en alimentos se destinaba a comprar una sardina salada para el desayuno (los niños sólo tomaban pan y un vaso de agua), habichuelas para la comida y patatas para la cena, más el aceite que servía para condimentar estos alimentos y dar luz en el candil. La carne estaba prácticamente ausente de la alimentación popular. Su vestido era de algodón o paño de borras, camisa de algodón, alpargatas y una gorra de paño."(10)

Los testimonios que muestran esta situación de penuria proletaria son numerosos. Monlau, al hablar de las habitaciones de los jornaleros, denuncia que son poco higiénicas y situadas en calles insalubres. Las soluciones que propone son: descentralizar la industria, llevándola a pequeñas localidades rurales, formar socorros mutuos, y crear una asistencia médica y farmacéutica gratuita(11).

Francisco Méndez Alvaro, representante de la ideología médica conservadora, denuncia la condición de la vivienda proletaria. Para ello, pone en cuestión la calidad de los materiales con que se edifica, sobre todo en Madrid, y escribe en tono crítico sobre el hacinamiento de las familias obreras en habitaciones mezquinas, tristes e insalubres,

"donde el pobre vive, crece, se deteriora y muere casi sin aire que respirar, sin luz, helado de frío unas veces, abrasado de calor otras, confundido con los animales domésticos, aspirando los gases de las letrinas o de las inmundicias, mezclados los sexos y las edades, sobre un suelo tal vez húmedo, con las paredes ennegrecidas y sucias, sin otros muebles que algún trasto viejo e inútil, sin más abrigo que unos cuantos andrajos."(12)

Esta situación de deficiente alimentación, hacinamiento, insalubridad, en definitiva, de pauperismo generalizado entre las masas trabajadoras en el período anterior a la Restauración, sigue siendo después motivo de vigilante atención por parte de las clases dominantes. De esta manera, a los testimonios de médicos, higienistas e ingenieros se une la acción del Estado que crea "una Comisión con objeto de estudiar las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo(13). Esta Comisión se crea el 5 de diciembre de 1883, depende del Ministerio de Gobernación y debe organizar un Congreso con la asistencia de los representantes del trabajo y del capital. Éste no llega a realizarse y es sustituido por comisiones informativas.

La Comisión -instituida por el gobierno liberal de Posada Herrera- está formada por Antonio Cánovas, presidente, y trece miembros más: Gabriel Rodríguez, Gumersindo de Azcárate, Urbano González Serrano, el marqués de Monistrol, Fernando Puig, José Cristóbal Sorní, el duque de Almodóvar del Río, Andrés Mellado, Carlos Mª Perier, Mariano Carreras, Federico Rubio, Daniel Balaciart y Juan Martos. En enero de 1884 Segismundo Moret sustituye a Cánovas, al subir los conservadores al poder; en años posteriores se añaden otros representantes de la vida académica y política de la Restauración(14). Es de destacar que ningún representante o miembro de organismo obrero figuró entre sus componentes.

Diversos autores han señalado el punto de inflexión positivo que significa esta intervención del poder público en los problemas sociales; asimismo, constatan el atraso de la sociedad española en cuestiones de legislación social(15). Dicho atraso se reconoce en la misma Exposición introductoria al Real Decreto de 5 de diciembre. Dicha situación cambia durante la Restauración; la actuación informativa, y sobre todo la legislativa, se incrementa notablemente(16). Ésta es la respuesta de los poderes públicos a las presiones obreras y también consecuencia de una mayor sensibilización colectiva por las cuestiones sociales.

En este cambio de actitud tiene capital importancia el acceso al poder de los liberal-fusionistas, presididos por Sagasta, quienes abordan en los inicios de la década un nuevo marco de respeto a las libertades políticas. La libertad de imprenta queda formalmente establecida por ley de 14 de julio de 1883; la de asociación -reclamada insistentemente por el movimiento obrero- queda consagrada por la Ley de Asociaciones de 17 de junio de 1887.

El nuevo clima político saca a flote las numerosas contradicciones del sistema restauracionista; de este modo, la década comienza marcada por una fuerte conflictividad social. Ésta preside el año de la creación de la Comisión de Reformas. Los graves sucesos de La Mano Negra, junto a las huelgas de tipógrafos en Madrid y Barcelona, llevan a sectores burgueses reformistas a la búsqueda de soluciones conciliadoras.

En este contexto se explica la celebración del I Congreso Nacional Sociológico, en Valencia en julio de 1883, antecedente directo de la Comisión de Reformas, por sus planteamientos ideológicos, sus protagonistas y sus conclusiones finales. El Congreso, convocado por el reformista Ateneo-Casino Obrero de esa ciudad, tiene un marcado carácter interclasista. Entre otros, envían trabajos Castelar, Silvela, Salmerón, Gabriel Rodríguez y Gumersindo de Azcárate(17). La representación obrera en el Congreso, sin socialistas ni anarquistas pues se niegan a participar, mantiene que el Estado debe regular y legislar en las cuestiones sociales. Por contra, la representación burguesa, encabezada por Daniel Balaciart, mantiene tesis individualistas.

Esta actitud de no intervención del Estado en la cuestión social es la dominante entre la burguesía española del siglo XIX; sin embargo, se aprecian profundas diferencias entre el inmovilismo conservador y la vocación reformista de algunos sectores liberales, coincidentes en la defensa del orden social y la propiedad, pero divergentes en el método.

La concepción social de los conservadores está impregnada de un ideal armonicista fundamentado en la religión: las clases sociales están unidas por un interés común y complementario; las desigualdades sociales entre el rico y el pobre, el amo y el criado, el patrono y el obrero, no contradicen sino complementan la cosmovisión cristiana. La existencia de un orden inmutable y teológico de las cosas, el reconocimiento de esa jerarquía como necesaria y el derecho natural a la propiedad, son los pilares de dicha concepción. De este modo, uno de sus máximos representantes, Antonio Cánovas, puede manifestar que "las desigualdades provienen de Dios, que son propias de nuestra naturaleza y creo supuesta esta diferencia en la inteligencia y hasta en la moralidad, que las minorías inteligentes gobernarán siempre el mundo."(18)

Frente a esta actitud en materia de movilidad social próxima a la visión jerárquica y absolutista del Antiguo Régimen, los liberales españoles de finales del siglo XIX se mueven entre la ortodoxia liberal y los presupuestos armonicistas. Una de sus máximas figuras es Segismundo Moret, ministro firmante del Real Decreto de creación de la Comisión de Reformas, que después de una etapa adscrito al liberalismo individualista entra en contacto con el krausismo que relativiza esa postura inicial. Ligado a la Institución Libre de Enseñanza, primero como promotor y después como presidente, Moret supedita la cuestión social a la defensa del orden, pero al mismo tiempo amntiene una exigencia de justicia que le separa de un conservador como Cánovas.

Si Moret es el ejecutor político de los inicios de la reforma social en España, Gumersindo de Azcárate es su inspirador y pionero doctrinario. Azcárate, miembro de la Comisión desde su fundación, se mueve dentro de las coordenadas intelectuales del krausismo, y su acción política y social es una reacción tanto frente al liberalismo económico como frente al socialismo(19). La superación de éstos pretende hacerla desde el organicismo social; frente a las consecuencias trágicas de la revolución, Azcárate propone una política reformista inspirada, más que en la legislación, en el fomento de la cultura, asimilada a moralidad, entre las clases trabajadoras y en el conjunto de la sociedad(20). Esta inspiración armónica e institucionista de intelectuales como Azcárate o Moret, que ligan su origen burgués con un marcado interés por la problemática social, es la que preside la creación de la Comisión de Reformas Sociales.

Frente a las clases dominantes, el movimiento obrero mantiene una actitud de desconfianza hacia los trabajos de una Comisión que, como señala el socialista Antonio García Quejido, "no puede producir resultado alguno, porque los señores que (la forman) no representan los intereses de las clases trabajadoras, sino los intereses de la clase explotadora, y ésta procurará siempre que los partidos dejen sin resolver estas cuestiones porque su solución ha de redundar en perjuicio suyo"(21). Aún así, los socialistas participan en los trabajos, según otro de sus líderes, Pablo Iglesias, porque desean difundir sus ideas. Los anarquistas, en cambio, se niegan a concurrir a ella. Los que sí participan activamente en los informes, colaborando con la burguesía, son los obreros reformistas.

Esta diversidad ideológica y de intereses materiales pone de manifiesto la complejidad del análisis de la cuestión urbana en los informes orales y escritos de la Comisión de Reformas.

2. LOS INFORMES DE LA COMISION DE REFORMAS SOCIALES Y LA CUESTION URBANA.

La relación de la Comisión de Reformas Sociales con la temática urbana está implícita en el mismo acto de su creación. Ésta pone de manifiesto el temor de las clases dirigentes ante el nuevo orden urbano-industrial, y de ahí la creación de una institución que primero recabe información de los grupos que generan inestabilidad social, las clases proletarias, y después busque soluciones armónicas a la confrontación social.

La dimensión urbana de los informes de la Comisión se expresa tanto por la temática que debe trabajar (jurados mixtos, cajas de retiros y socorros para enfermos e inválidos del trabajo, condiciones de trabajo de mujeres y niños, higiene y seguridad en los talleres, viviendas obreras) como por la distribución geográfica, totalmente urbana, de las Comisiones informativas. Éstas se localizan, además de en las capitales provinciales, en las localidades donde se había advertido un mayor grado de agitación social(22).

El preámbulo al Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, firmado por Moret, advierte que las clases trabajadoras, cada vez más ilustradas, más reconcentrada su acción, por traerlo consigo la naturaleza de la industria fabril, y agolpándose en grandes centros urbanos, "revelan ya su estado por síntomas de tal importancia, que no puede el legislador desconocerlos". Esta disposición de intervención social aparece forzada por el clima de alta conflictividad obrera que se reconoce:

"Las huelgas; las crisis industriales; las exigencias de la educación y del socorro; el vivo anhelo de mejorar que se impone por los adelantos del progreso, y se acrecienta por el contraste con las demás clases, así como por el desarrollo de la inteligencia en muchos obreros; las complicaciones de todas estas fuerzas sociales con el movimiento político, han sido donde quiera, y ya lo son también en España, causas de preocupación para todo Gobierno y de alarma para la opinión pública."(23)

Esta actitud de temor del ministro Moret contrasta con la disposición receptiva de los obreros más conscientes hacia la cambiante realidad social. Los socialistas aprovechan el clima de libertad que gozan las sesiones de la Comisión para denunciar la miseria y la explotación que sufre el proletariado; sin embargo, manifiestan una actitud optimista hacia la nueva maquinaria o hacia la concentración y mejor organización del trabajo, todo ello, sin olvidar sus objetivos revolucionarios.

El contraste entre las clases, el desarrollo de la inteligencia en muchos obreros o la aglomeración en las fábricas y en las ciudades se convierten en graves problemas para las clases dominantes; por contra, son los puntos de partida de las utopías proletarias. Esta percepción del taller y de la fábrica, y por tanto de la ciudad, como elementos de concienciación obrera es señalada por Matías Gómez Latorre, secretario de la socialista Asociación del Arte de Imprimir, cuando escribe para la Comisión que los medios que facilitan la instrucción de la clase obrera son la práctica de la asociación y la aglomeración de gran número de individuos en las fábricas y talleres(24).

A los socialistas con mayor nivel teórico como Pablo Iglesias, Antonio García Quejido o Jaime Vera, la denuncia de las condiciones materiales y morales del proletariado español, les sirve para plantear la legitimidad del sistema productivo dominante. El médico Jaime Vera, autor del Informe presentado a la Comisión de Reformas Sociales por la Agrupación Socialista madrileña, escribe que el capitalismo, igual que no es el primer término de la evolución económica, tampoco es el último; "que si nació ayer con la revolución burguesa, morirá mañana con la revolución proletaria"(25). Vera se convierte en el primer testimonio de interpretación política de la condición proletaria hecha por médicos españoles del siglo XIX, frente a la corriente higienista dominante presidida por Monlau. Asimismo, el médico socialista trasciende los estrechos límites del cuestionario de la Comisión, reflejo del positivismo sociológico burgués, y pone en cuestión de forma radical su misma existencia.

Los socialistas, aún siendo muy activos en Madrid, son claramente minoritarios en el conjunto de los informes de la Comisión que llegan a publicarse(26). En éstos predominan las intervenciones de los obreros reformistas junto a las de médicos, ingenieros, profesores y clérigos, entre otros profesionales, que entienden la condición económica de la clase obrera, la escasez e insalubridad de su alimentación, la vivienda obrera y la separación de clases, y su cultura moral e intelectual, desde una perspectiva mayoritariamente armonicista. Ésta reconoce la deficiente situación de las clases obreras; sin embargo, las soluciones que propone no traspasan ciertos límites: respeto a la propiedad, promoción del ahorro y de las cooperativas, fomento de los socorros mutuos, respeto a la religión, y otros valores burgueses. Isidro Benito Lapeña, político e industrial abulense, autor de un estudio titulado La cuestión social, lo expresa en su participación en la Comisión de Reformas:

"El obrero no mejorará su condición material por medio de imposiciones violentas, sino con soluciones prácticas nacidas al amparo de las cooperativas productoras y de consumo; buscando dentro de la asociación y de la justicia recursos que le ofrecen de sobra y no en fantásticos ideales(...) esperando del ahorro y de la participación en los beneficios el recurso para crearse una propiedad o el retiro para la vejez; fomentando los socorros mutuso que aliviaran sus desgracias transitorias."(27)

Las propuestas burguesas sobre la cuestión social, junto a los testimonios e intervenciones, tanto obreros como burgueses, sobre la condición económica, la alimentación, la vivienda y la cultura moral de la clase obrera, que aparecen en los informes de la Comisión de Reformas, y que pasamos a analizar, continúan el debate que sobre la ciudad decimonónica habían iniciado los higienistas en el perídodo anterior a la Restauración. Una diferencia significativa es la incorporación activa del proletariado a estas tareas.

2.1 CONDICION ECONOMICA Y ALIMENTACION OBRERA. ESCASEZ E INSALUBRIDAD.

La pregunta del cuestionario de la Comisión de Reformas sobre la condición económica de la clase obrera hace especial hincapié en la mortalidad, tanto la referente a cada industria como en comparación con las demás clases sociales. Esta pregunta y la que se interesa por la alimentación ponen de manifiesto las preocupaciones higiénicas de la burguesía.

El interés de las clases dirigentes por la alimentación y la mortalidad obrera aparece en la medida en que pueden verse afectados por los focos infecciosos que se gestan en los barrios obreros, con el consiguiente peligro de enfermedades y epidemias. El cólera, el tifus, la viruela y otras devastadoras enfermedades se expanden en los barrios obreros del siglo XIX, escribe Engels, y nunca se extinguen completamente;

"se desarrollan cuando las circunstancias son favorables y provocan epidemias, que se propagan entonces más allá de sus focos hasta alcanzar los barrios más aireados y sanos, los habitados por los señores capitalistas. Estos no pueden permitirse impunemente favorecer el desarrollo entre la clase obrera de unas epidemias de las que ellos mismos sufrirían las consecuencias; el ángel exterminador les golpea a ellos con la misma dureza que a los trabajadores."(28)

Las sesiones de la Comisión reproducen estas inquietudes higiénicas cuando se interroga sobre la condición económica o la alimentación obrera. Enrique Serrano Fatigati, adscrito al krausismo, autor de Alimentos adulterados y defunciones. Apuntes para el estudio de la vida obrera en España (Madrid, 1883), expone en su informe escrito para la Comisión que la mortalidad de las masas obreras es superior a la de las demás clases sociales. Para convencerse de ello, afirma,

"basta comparar el número de defunciones por cada mil habitantes que ocurren en los distritos de Madrid donde predominan las gentes pobres (Latina, Inclusa...) con las cifras análogas obtenidas en los barrios poblados por personas ricas o clase media (Centro, Buena Vista...). En algunas calles habitadas casi completamente por jornaleros y desvalidos (Amparo, Chopa...) la cifra relativa de mortalidad está representada casi por el doble de la cifra media de Madrid."(29)

Dos géneros de causas, señala Serrano Fatigati, influyen en tan malos resultados: deficiente alimentación y vestido, habitaciones insalubres, y la ausencia completa de precauciones sanitarias en los talleres. Asimismo, afirma que los alimentos que consumen los obreros en Madrid son caros y malos. Las causas de su carestía son los altos derechos de consumo y los derechos protectores para los trigos y harinas, junto a los sindicatos irregulares que forman carniceros, panaderos y otros oficios. La solución a esta situación de insalubridad pretende que sea la construcción de barrios obreros en los límites de Madrid y el cierre gradual de las moradas insalubres.

Lo que es un peligro para la burguesía, la epidemia o la infección, es la culminación de la miseria del proletariado. Ésta es consecuencia de jornadas de diez, doce o más horas de trabajo, insuficiencia, adulteración y baja calidad de sus productos alimenticios, deficientes condiciones en su vivienda, entre otros males, que son reconocidos o denunciados por los participantes en las sesiones de la Comisión. Ventura Mompó Sais, médico y cirujano de Onteniente, manifiesta que la salud de los trabajadores de dicha localidad no es completa y que sufren decoloración y falta de robustez, debidas al deterioro orgánico por la deficiencia de elementos nutritivos(30). En el mismo sentido se expresa Julian Malluguiza, médico de Pedro Bernardo, cuando afirma que la alimentación obrera es mediana e insuficiente, notándose en las nuevas generaciones un decaimiento notable en su desarrollo, robustez y fuerzas, y por tanto, su menor aptitud para el trabajo(31).

Fernando García Arenal, en nombre del Ateneo Casino Obrero de Gijón, y conocedor de los métodos sociológicos de Le Play, participa también en el debate higienista sobre la alimentación obrera desde el punto de vista de la estadística comparativa entre el precio de los productos y los salarios, estableciendo la "ración fisiológica que necesita un obrero" o lo que una familia obrera debe comer diariamente(32).

Esta concepción higienista sobre la condición obrera de médicos, ingenieros y políticos, entre otros, es denunciada y superada por los socialistas que intervienen en las sesiones de la Comisión de Reformas. Matías Gómez Latorre, en términos idénticos a Engels, pone en cuestión la filantropía burguesa y afirma que:

"La cuestión de higiene, como la cuestión de crisis de trabajo, como otros muchos problemas que se presentan hoy con bastante repetición en la sociedad, no inquietan en manera alguna a las clases pudientes, a las clases gobernantes, más que cuando aquellos problemas pueden influir en sus comodidades y hasta en su vida. Recientes están los temores de una invasión colérica en Madrid; entonces, cuando las clases que podían buscaban medios de poner pies en salvo, cuando era inminente, cuando era probable por lo menos que invadiera a Madrid una epidemia, todo era actividad (...) mientras no hay peligro que transcienda a las demás clases, aquello pasa indiferente."(33)

Además de la condición económica y la alimentación, otra pregunta de la Comisión de Reformas, la que se refiere a la habitación obrera, sigue planteando la discusión higienista sobre la ciudad decimonónica; asimismo, como consecuencia de este debate se plantean dos de las grandes cuestiones sobre la ciudad del momento: la propiedad obrera y la separación de clases.

2.2. LA CUESTION DE LA VIVIENDA OBRERA Y LA SEPARACION DE CLASES.

Las clases gobernantes españolas empiezan a plantearse la llamada cuestión de la vivienda a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un momento de fuertes procesos inmigratorios hacia las grandes ciudades. Esta cuestión se convierte en un problema social de carácter institucional cuando aquéllas toman conciencia de los peligros que supone una muchedumbre desarraigada y en precarias condiciones económicas.

Al igual que con la condición económica y la alimentación, la vivienda obrera abre un debate entre políticos, ingenieros, médicos e higienistas, al que ahora se unen los arquitectos, para tratar de canalizar esta peligrosa situación. El debate continúa la controversia higiénica ya apuntada, y las soluciones que empiezan a perfilarse forman parte de un proceso estratégico de control de las masas proletarias.

Uno de los mecanismos que empieza a barajar la burguesía para contener el espíritu revolucionario de las clases trabajadoras es hacerla propietaria de su vivienda, siguiendo la pauta de reformadores como Le Play. De esta maniobra son conscientes las organizaciones obreras, y así, el diario La Emancipación, órgano de la I Internacional en España, advierte en su número de 16 de marzo de 1872, que para sofocar el espíritu revolucionario del obrero:

"Los jefes más inteligentes de las clases imperantes han dirigido siempre sus esfuerzos a aumentar el número de pequeños propietarios, a fin de crearse un ejército contra el proletariado"(34).

La cuestión de la propiedad de la vivienda obrera es paralela, para las clases dominantes, a otra discusión importante: la integración o la separación de clases. Como ya hemos señalado, la confusión de usos en el espacio urbano implicaba a aquéllas en los graves problemas higiénicos de la ciudad decimonónica. Las denuncias de médicos, higienistas y arquitectos sobre la insalubridad o el hacinamiento de las clases proletarias sirven, por una parte para plantear la creación de casas y barrios obreros y mejorar sus condiciones higiénicas; al mismo tiempo, esta segregación espacial forma parte de un nuevo diseño estratégico de control social de las masas trabajadoras.

Las sesiones de la Comisión de Reformas reproducen estos dispositivos, tanto metodológicos como conceptuales, en los que primero se denuncian las malas condiciones de salubridad y hacinamiento de la vivienda obrera, para después interrogar sobre las soluciones señaladas. Aquéllas son denunciadas duramente por los obreros que participan en los debates. Vicente Recarte, cantero, señala que la mayor parte de los obreros madrileños viven en buhardillas o en cuartos oscuros, lóbregos e insalubres(35). La situación de la vivienda obrera en ciudades de segundo orden o en las pequeñas localidades no es más satisfactoria. El Círculo de Artesanos de Plasencia, además de denunciar en su informe la escasez de viviendas, afirma que los obreros de la localidad se aglomeran en tugurios malsanos y peor ventilados, compartiendo frecuentemente con el asno o el cerdo su miserable vivienda(36). El médico de Onteniente Mompó Sais señala que los obreros de esa localidad viven en habitaciones reducidas y sin relación alguna con los preceptos higiénicos;

"están poco ventiladas, desaseadas y en muchas de ellas apenas penetran los rayos del sol; las letrinas se encuentran contiguas a las habitaciones, y por una incuria completa, rarísimas veces las tienen cerradas, esparciéndose por todas partes los gases desprendidos, que forman focos de infección muchas veces peligrosos."(37)

Estas preocupaciones por la higiene y la salubridad continúan con el interrogante sobre la existencia o no de casas y barrios obreros. La Comisión provincial de Valencia manifiesta la conveniencia de éstos, no sólo por motivos higiénicos sino por lo que significa de:

"espíritu de ahorro, de economía y de orden que poderosamente estimula y sostiene en el trabajador el deseo de poseer como propietario la habitación que ocupa, el afán de considerarse como señor y dueño de la casa."(38)

Por contra, los líderes más conscientes que participan en la Comisión de Reformas denuncian esta estrategia de la separación de las clases pues, con palabras del socialista Gómez Latorre, con los barrios obreros se perjudica a las clases trabajadoras,

"pues dicho está que esos barrios no se han de establecer en los centros de la población, sino que se han de establecer, por ejemplo, donde habéis establecido la necrópolis o en un sitio parecido pero lejos."(39)

El debate higienista, canalizado por la burguesía hacia posiciones interesadas; convertir a cada obrero en un propietario y discutir sobre la conveniencia o no de barrios de obreros, se une al contraataque ideológico contra las teorías anarquistas y socialistas, que desde la mitad del siglo están impregnando a las clases populares. No es de extrañar, por tanto, que la Comisión de Reformas se interese por la cultura y la moral (virtudes y vicios, espíritu de economía y previsión, la prostitución o la delincuencia) de la clase obrera, con el fin de combatir la creciente autonomía de ésta.

2.3."VIRTUDES Y VICIOS". CONDICION MORAL Y CULTURA RELIGIOSA DE LOS OBREROS.

Las informaciones sobre la cultura moral y religiosa de la clase obrera, que recoge la Comisión de Reformas, trata de pulsar el estado de "higiene moral" de aquélla desde la óptica de las clases gobernantes. El objetivo de éstas es el rearme ideológico de unas masas cada vez más influidas por las nuevas teorías sociales y apartadas de los valores tradicionales y religiosos.

En este rearme participa activamente el clero y las congregaciones religiosas, interesadas en combatir la actitud de indiferencia que en materia de religión manifiestan las masas, especialmente urbanas. Así, el Hospital del Apóstol San Pedro de Madrid, que ve en la pérdida de los valores religiosos las causas de la desintegración social, afirma para la Comisión, que si se quiere que el obrero respete a las autoridades,

"hágase, ante todo, que tema y ame a Dios. Se desea obreros sufridos y que no se insurreccionen ni se entreguen a las huelgas (...) procúrese que amen e imiten a Jesús, modelo de paciencia y resignación en el taller de su castísimo padre putativo."(40)

En otros casos, también desde instancias religiosas, se atacan frontalmente las nuevas teorías sociales que:

"de algún tiempo a esta parte, hombres sin fe y sin conciencia han robado a muchos hijos del pueblo la más preciosa herencia que poseían, a saber: la esperanza de una recompensa eterna. Entonces, no viendo ningún porvenir lisonjero más allá de la tumba, y contemplando su precaria situación enfrente de las comodidades y abundancia de los ricos, no es extraño que alimenten ideas contrarias al orden social, que abriguen en su corazón rencores para con las personas acomodadas y se precipiten en el lodazal inmundo de vicios que nos da verguenza recordar."(41)

Estas intervenciones en las sesiones de la Comisión manifiestan, en consonancia con una visión cerrada próxima al Antiguo Régimen, una actitud de temor hacia el nuevo orden urbano-industrial. Surge así el miedo a la muchedumbre, a los grandes centros urbanos, a las asociaciones, incluso a la taberna. Julio Fernández, médico burgalés, manifiesta que no falta en esta última alguno que,

"a guisa de hombre político y allá a su manera, les manifieste un nuevo arreglo social, llamando y apostrofando a las Autoridades abusivas; a la propiedad robo; hablará de la tiranía del capital, de la explotación del hombre y de infinidad de materias que desconoce en absoluto."(42)

El miedo a la "condensada atmósfera" que se respira en los grandes centros urbanos hace concebir a La Real Sociedad de Amigos del País de Tudela la conveniencia de la creación de poblaciones rurales para obreros agrícolas, donde:

"contraerían mejores costumbres, salvándose de los vicios que hoy les asedian en círculos y reuniones; y finalmente, no escucharían esa mal llamada "política", que no es otra cosa que un medio establecido para sorprender a los incautos y ponerles al servicio hoy de una y mañana de otra bandería."(43)

Sin embargo, no todas las intervenciones burguesas en la Comisión de Reformas muestran una actitud pesimista ante la nueva realidad social. Hay también un espíritu ilustrado, representado por la burguesía reformista, que basa parte de su actuación en la creencia del "mejoramiento de las clases obreras", gracias al desarrollo de la instrucción popular, y que subyace como aportación cualitativa decisiva. La Comisión provincial de Avila es paradigmática de una actitud receptiva a los cambios que está provocando la sociedad industrial, ensalzando el progreso material y moral del hombre; en la memoria que presenta podemos leer:

"¿quién puede desconocer el portentoso progreso del presente siglo? ¿Quién habrá tan ciego, tan sordo o tan insensato, que del vapor maldiga o de la electricidad recele? ¿Qué corazón honrado y agradecido dejará de tributar su admiración y aplauso a esas conquistas sublimes del humano ingenio, que, suprimiendo distancias, borrando espacios, confortando el cuerpo y levantando el alma, han sujetado al cambio los continentes, las razas a la hermandad, la tierra al hombre y han consagrado su divina estirpe?"(44).

Frente a la burguesía, la clase obrera más consciente, además de denunciar las duras condiciones económicas y morales que impone el sistema capitalista, mantiene una actitud receptiva pero crítica ante la nueva sociedad. Pablo Iglesias, en la sesión de la Comisión de Madrid de 11 de enero de 1885, manifiesta esa visión crítica y progresista:

"Nosotros reconocemos que hay un lado bueno en todo lo que ha hecho la clase media, y contra eso no protestamos, no lo queremos combatir; ese lado bueno es el haber concentrado el trabajo, el haberlo organizado de mejor modo que antes y el haber creado instrumentos de trabajo que valen mucho (...) pero el polo negativo, que es la miseria de los obreros y su mayor explotación, hay necesidad de destruirlo, y esto es lo que nosotros nos proponemos."(45)
 
CONCLUSION

La creación en diciembre de 1883 de la Comisión de Reformas Sociales significa el primer intento de institucionalizar en España la llamada cuestión social. Sus orígenes debemos buscarlos en la nueva sociedad industrial, que transforma el espacio productivo, con la aparición de la fábrica; el social, con el proletariado como nueva clase emergente; y el urbano, con el surgimiento de la ciudad industrial. Estos cambios provocan intensas polémicas ideológicas y actuaciones normativas de las clases dirigentes españolas, que conciben la reforma social como un dispositivo estratégico más de anulación de las teorías revolucionarias obreras.

La Comisión sufrió el boicot de una facción importante del movimiento obrero, el anarquista; por otra parte, no se la dotó de suficientes fondos económicos; tampoco se pudo publicar la totalidad de los informes provinciales, notándose a faltar especialmente los de Cataluña y Andalucía; en fin,tampoco pudo evitar los graves conflictos sociales de la España del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, marca un punto de inflexión positivo en la actuación del Estado en las cuestiones sociales, y al mismo tiempo es un precedente del intervencionismo científico en el trabajo, pues si la Comisión es un ensayo, con el paso del siglo, en abril de 1903, la Creación del Instituto de Reformas Sociales supone la institucionalización definitiva de la reforma social en España. Además, es el primer eslabón de una cadena que más tarde continúa con la fundación del Instituto Nacional de Previsión (1908) y con la creación del Ministerio de Trabajo (1920).

En definitiva, después de un siglo de acentuada y progresiva actuación del Estado en cuestiones de previsión y de intervencionismo laboral, la acción social se ha convertido en una de las preocupaciones prioritarias de los gobiernos democráticos. En 1983 se destinó en España el 19 por 100 del producto interior bruto para la Seguridad Social; en 1883, el año de la fundación de la Comisión, para este concepto se destinó el 0 por 100.

En este contexto intervencionista es en el que hay que entender el planteamiento de la cuestión urbana a partir de los informes de la Comisión de Reformas Sociales. Éstos reproducen las polémicas y debates que la nueva ciudad industrial está generando ya desde los inicios del siglo entre los miembros de una burguesía altruista o interesada, formada por médicos, higienistas, ingenieros o funcionarios. La Comisión continúa estos debates y, esto es original, se produce la incorporación del proletariado a estas tareas.

Los debates que genera la Comisión, a partir de la información referida a la condición económica de la clase obrera, de su alimentación, y de la vivienda y cultura moral de los obreros, sirven a la burguesía, previa justificación higiénica, para diseñar nuevos marcos de relaciones sociales y espaciales. Las polémicas sobre la higiene y salubridad de la ciudad industrial son utilizadas para imponer la separación de clases, es decir, la segregación espacial. Asimismo, los debates sobre la cultura moral y religiosa sirven para intentar reintegrar en el cuerpo social a amplias masas obreras, desarraigadas por la industrialización y cada vez más autónomas ideológicamente.
 
Por otra parte, la clase obrera más consciente que participa en la Comisión de Reformas, representada por los socialistas, pone en cuestión los supuestos filantrópicos de las clases gobernantes y se marca como objetivo la superación del sistema capitalista.

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NOTAS

1. REFORMAS SOCIALES.Información oral y escrita. Publicada originalmente por la Comisión de Reformas Sociales, Madrid 1889-1893. Reed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1985, V volúmenes.

2. Véase J.Mª López Piñero.El testimonio de los médicos españoles del siglo XIX acerca de la sociedad de su tiempo. El proletariado industrial, en LOPEZ PIÑERO et al. (1964).

3. ELORZA E IGLESIAS (1973), 13 ss.

4. "Decreto del Gobierno del General Serrano disolviendo la Internacional", en TUÑON DE LARA (1972), 245.

5. Para el significado de la Comuna en España, véase ALVAREZ JUNCO (1971).

6. NUÑEZ (1987), 11-12.

7. I. Cerdá. Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, en 1856, reeditada en Teoría general de la urbanización. (1968).

8. Véase LOPEZ PIÑERO (1964), 131 ss.

9. El estudio de las topografías médicas y el medio ambiente en el siglo XIX, en URTEAGA (198O).

10. FONTANA (1975), 85.

11. P.F.Monlau. Elementos de higiene pública. Barcelona 1847, citado por LOPEZ PIÑERO (1964), 139.

12. F.Méndez Alvaro. Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en España la higiene municipal. Madrid 1853, en LOPEZ PIÑERO (1964), 169.

13. "Real Decreto de 5 de diciembre de 1883", en REFORMAS SOCIALES (1985), v. I, CXLIX.

14. Para un balance ideológico de los miembros de la Comisión, CASTILLO (1985), XCVII ss. Para su aproximación sociológica, en CALLE (1989), 44 ss.

15. ELORZA E IGLESIAS (1973), 7. También, CASTILLO (1985), XXX.

16. Sobre el avance cuantitativo en materia de legislación social en este período, véase A.Martín Valverde et al.La legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936. Public. Congreso de los Diputados, Madrid 1987.

17. Un estudio sobre el I Congreso Nacional Sociológico, en CASTILLO (1985), XXXIV ss.

18. Citado por JUTGLAR (1969), 51.

19. El estudio de la figura de Azcárate en DIAZ (1989).

20. ALVAREZ JUNCO (1988), 152.

21. REFORMAS SOCIALES (1985), v. I, 25.

22. Se establecen en diversos puntos de Cataluña (Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Tarrasa, Villanueva y Geltrú, Reus y Tortosa); Andalucía (Vera, Loja, Guadix, Linares, Antequera, Arcos, Jerez, San Fernando, Écija, Carmona, Morón, y Utrera); Galicia (Santiago, Vigo y Ferrol), y otros lugares dispersos, como Gijón, Béjar, Almadén, Cartagena, Alcoy y Mahón.

23. Ministerio de la Gobernación. Real Decreto de creación de una Comisión de estudio de cuestiones obreras. Exposición ("Gaceta" de 10 de diciembre de 1833), en REFORMAS SOCIALES (1985), v. I., CXLV-CXLVI.

24. REFORMAS SOCIALES (1985), v. II, 468.

25. Ibídem, v. II. Apéndice, V.

26. Se publicaron los informes de Madrid, Valencia, Alicante, Avila, Badajoz, Burgos, Cáceres, La Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya.

27. REFORMAS SOCIALES (1985), v. IV, 278.

28. ENGELS (1974), 37.

29. REFORMAS SOCIALES (1985), v. II, 69.

30. Ibídem, v. III, 335.

31. Ibídem, v. IV, 295.

32. Ibídem, v. V, 418-421.

33. Ibídem, v. I, 46.

34. Citado por DIEZ DE BALDEON (1986), 434.

35. REFORMAS SOCIALES (1985), v. I, 89.

36. Ibídem, v. IV, 557.

37. Ibídem, v. III, 336.

38. Ibídem, v. III, 75.

39. Ibídem, v. I, 45.

40. Ibídem, v. II, 482.

41. Informe del Clero de Santa María, Alcoy. Ibídem, v. IV, 87.

42. Ibídem, v. IV, 44O.

43. Ibídem, v. V, 244.

44. Ibídem, v. IV, 153.

45. Ibídem, v. I. 213. 



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