REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. X, núm. 218 (50), 1 de agosto de 2006 |
LA FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS
INFORMALES:
UN PROCESO GESTADO POR DIFERENTES ACTORES SOCIALES.
Norma
García de Hernández
Departamento de Arquitectura
Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela.
La formación de asentamientos informales: un proceso gestado por
diferentes actores sociales (Resumen)
Los asentamientos informales forman parte de la realidad socio – urbana latinoamericana, pero de una realidad excluida, signada por la pobreza del hábitat y de sus habitantes. Por ello, consideramos relevante determinar los actores sociales que participan en su formación y consolidación, además de los mecanismos empleados en su establecimiento. Su conocimiento, lo logramos al observar la manera cómo se va produciendo este tipo de hábitat y al analizar diferentes fuentes documentales, con el propósito de explicar mediante una aproximación teórica los diferentes modos de participación practicados en el dilatado y precario proceso de producción de estos asentamientos. Los hallazgos encontrados revelan que en este proceso intervienen diversos actores sociales, tanto públicos como privados. Sus habitantes, a través del continúo accionar colectivo se convierten en sujetos productores de su hábitat.
Palabras clave: asentamientos informales, proceso participativo, actores
sociales.
The informal settlements formation: a process developed by different
social actors (Abstract)
The informal settlements are part of Latin America’s socio – urban reality.
An excluded reality signed by the poverty of the habitat and its inhabitants.
For that reason, we considered appropriate to determine the social actors
that participate in the formation and consolidation of these settlements.
In addition, we studied the mechanisms used in the establishment of informal
settlements. To achieve this goal we observed the way how this type
of habitat is developed and analyzed different documentary sources.
The information from these sources allowed us to build a theoretical approximation
that explains the different participation modes practiced during the creation
process of these settlements. The findings of this research reveal that
diverse social actors, both public and private, take part in this process.
We also observed inhabitants of these settlements become builders of their
habitat through collective actions.
Key words: informal settlements, participative process, social actors.
Desde su aparición, los asentamientos informales se han hecho sentir
en el tejido de las ciudades latinoamericanas. Han formado un denso y extenso
entretejido. Desde su comienzo, se han diferenciado del resto de la ciudad.
Han ido ocupando significativas extensiones de suelo. Han dado lugar a la
formación de un hábitat segregado físico y socialmente,
marcado por la pobreza de su medio y la de sus habitantes.
A pesar de constituir un hábitat excluido, con umbrales inadecuados para el desarrollo de la vida humana, marcado por situaciones recurrentes de irregularidad, ilegalidad e informalidad, en la formación y consolidación de los asentamientos informales hemos observado la participación de diferentes actores sociales y de múltiples actuaciones. Cada actor —público o privado— ejerce un rol, actúa en función de sus intereses, ya sean sociales, políticos o económicos.
Indagar acerca de los diferentes modos de participación que ejercen los diversos actores sociales, tanto públicos como privados, en el proceso de formación y consolidación de asentamientos informales, constituye el propósito de este trabajo [1] . Para su explicación, tomamos como caso referencial la invasión de tierras.
En el desarrollo del trabajo, asumimos como términos similares invasión y ocupación, dado que el primer vocablo se refiere a la acción y efecto de invadir y ello significa como reza el Diccionario de la Real Academia Española: ocupar anormal o irregularmente un lugar. Y a su vez, ocupación se relaciona con ocupar, verbo que indica, entre otras acepciones, tomar posesión o apoderarse de un territorio; en este caso, los invasores toman posesión de un terreno, lo ocupan. Bajo estas consideraciones se despliega el estudio.
La ocupación o invasión de tierras ha sido el hilo conductor en el establecimiento de asentamientos informales. Ha pasado a ser un sistema alternativo al que acuden las familias sin techo, de manera repetitiva, para poder acceder a una vivienda. Al respecto, Bolívar et al., (1997: 5) afirma que en Venezuela “La ocupación de terrenos ajenos ha sido la única forma de resolver la falta de hogar urbano para millares de familias…”. Situación que pudiéramos extender para el resto de los países latinoamericanos.
Al detallar, la manera como transcurre la invasión de terrenos observamos que en esa práctica intervienen, igualmente, diferentes actores, en diversas actuaciones y en momentos disímiles. Hecho que consideramos muy similar a la manera cómo acontece el resto del intrincado proceso de formación y consolidación de asentamientos informales. Ello nos sirvió para explicar la intención del trabajo, la cual se revela en dos segmentos.
En el primer segmento, titulado Actores sociales y actuaciones, se identifican los diferentes actores sociales que intervienen al invadirse unas tierras, propiedad de terceros, con el propósito de establecer el asentamiento. Igualmente, contiene una explicación acerca de los roles ejercidos por cada uno de los participantes en la toma del terreno.
Y el segundo segmento, denominado Modalidades de participación: una explicación, comprende una discusión teórica acerca de los diferentes principios de participación que los diversos actores sociales actuantes llevan adelante al ocupar un terreno. Principios que pudiéramos considerar muy similares a los que se aplican en el resto del lento proceso de formación y consolidación de asentamientos informales.
Actores sociales y actuaciones
Las familias de escasos recursos, necesitadas de vivienda, para hacerse de una tierra donde poder asentarse y erigir en ella una disminuida edificación que funja como morada, con regularidad, invaden terrenos [2] . Para ejercer esta acción, se organizan de manera espontánea, planifican a su manera la realización del hecho: cómo obtener la tierra y cómo hacer la vivienda.
Al invadirse un terreno, el ritmo de instalación del asentamiento es acelerado. De la astucia y apresuramiento con que se actúe dependerá, en parte, el éxito de la acción emprendida. En el menor tiempo posible, en escasas horas, se debe consumir el hecho: tomar una tierra propiedad de otro. El modo de proceder, aunado al abultado cuadro de pobreza, que asiste en los invasores, signa al incipiente desarrollo. Pues además de estar cargado de improvisación, al transgredirse el derecho a la propiedad, el asentamiento surge infringiendo patrones convencionales, fuera de patrones establecidos. Así, el incipiente asentamiento desde sus inicios adquiere carácter ilegal, irregular, clandestino o no controlado.
En la ocupación del suelo se emplea cualquier elemento que sirva para definir el estar ahí, el tener presencia. La simulación de viviendas —paroi, ranchos, barracos— dispuestas por doquier tienen esta trascendental misión. Los ranchos surgen sin responder a ningún orden establecido, no importa el dónde ni el cómo. Con la aparición de viviendas simuladas comienza el asentamiento informal, para los invasores el lugar se ha ganado (figura 1).
Figura 1
Invasión de terrenos en su etapa inicial
Las débiles construcciones y algunos símbolos
manifiestan la ocupación del terreno. Elaboración propia.
Para llevar adelante la acción de ocupar el terreno, las familias necesitadas de vivienda se organizan, emplean variadas estrategias, se valen de distintos mecanismos. Se agrupan. Agruparse ha constituido y constituye una modalidad de actuar, un proceder que ante la adversidad los pobres urbanos han puesto en práctica para tratar de aliviar sus penurias y optar a un mejor vivir. En grupo ejecutan diferentes acciones. Ello significa realizar entre otras actividades, una serie de contactos, deben “Hablar uno, con uno, con el otro, uno por uno, mira esto, vamos a hacer esto (…), planificar…” (Wiesenfeld, 2000:196).
Hablar con uno y con el otro puede significar bien la organización de los invasores o acudir a otras instancias. En el último caso, se entablan encuentros con otros actores sociales, ya sean públicos o privados. Pues para permanecer en el lugar ganado, los invasores de tierras —ya pobladores de un embrionario asentamiento informal— dan inicio a una intrincada cadena de confrontaciones [3] . El testimonio de Xiomara Guánchez (Bolívar, 1995: 97-98), invasora del barrio 12 de Octubre, constituye un ejemplo de esas confrontaciones:
…Un día, 9 de octubre, me encontraba en la casa de mi madre y mi hermana me dice que un grupo como de sesenta personas que vivían alquiladas y otros con sus familiares iban a invadir un terreno que pertenece a unos padres. Como yo y mi hermana vivíamos con mi mamá en casa decidimos unirnos al grupo de personas y somos invasoras del terreno en La Dolorita, hacienda Lira, el cual es hoy nuestro barrio 12 de Octubre. El terreno no tenía dueño para el día 9/10/87 (…) El día 11 llegó la Guardia Nacionalde Maripérez y tumbaron todos los ranchitos que con gran esfuerzo habíamos hecho. (…) El día 12 de Octubre decidimos nombrar una junta directiva para hacer todo tipo de diligencias para quedarnos con el terreno y el mismo día juntos todos le colocamos el nombre a nuestro barrio 12 de Octubre. También ese día 12 se nombró una comisión de 7 personas para ir hasta la Gobernaciónde Caracas a hablar con el gobernador del estado Miranda para ver cómo nos podían ayudar y el gobernador (…) paralizó la orden que daba los terrenos a los padres. Luego nos dirigimos al Tribunal (…) para verificar a quién le pertenecía el terreno, el cual había sido hipotecado por 20 años (…) y al no pagar la hipoteca, pasaba al Fisco Nacional (…) le pedimos a los curas su escritura de propiedad (…) desde entonces les cerramos sus planes: nos pidieron que les dejáramos un parcela de 300 metrosde frente para hacer un centro médico asistencial, y como la beneficiada es la comunidad les dejamos los 300 metros(…) Ya el barrio hoy es un barrio modelo, del cual nos sentimos bastante orgullosos…
En el testimonio de Xiomara Guánchez, observamos diferentes acciones llevadas adelante por actores sociales privados y públicos. Uno de los actores privados, los invasores —ocupantes de una tierra, propiedad de otro— inician el proceso, coordinan las actuaciones, y toman el terreno. El accionar colectivo se hace sentir, haber obtenido éxito en la invasión les sirve de estímulo y así, los tomistas comienzan una lucha sostenida por mantenerse en el lugar.
Ante la ocupación del terreno, los actores públicos — representados en este caso por la Guardia Nacional y Gobernación— actúan, asumen posiciones contradictorias. En primera instancia reprimen el hecho: la invasión. Luego de negociaciones iniciadas por los invasores, toleran la situación y, por último, admiten la toma de tierra e intervienen en diversos encuentros.
Al permitir la ocupación del suelo y participar en diferentes confrontaciones, los actores públicos se convierten en actores participantes, facilitan bajo situaciones irregulares la formación del asentamiento, una vez iniciado el proceso de invasión. Otras veces el Estado o el sistema político, generalmente, con la finalidad de ganar adeptos, organizan o inducen a grupos a invadir terrenos. Por ello, Clichesvsky (2003) señala que el Estado además de admitir y tolerar ha propiciado las ocupaciones de tierras [4] .
En Latinoamérica, es ésta una de las razones por las que existen exorbitantes cantidades de tierras en condición irregular, en su mayoría invadidas, por cuestiones de tenencia [5] . Ante ello, los gobiernos —actores públicos— han puesto en práctica la regularización de tierras. Se han creado organismos y sancionado leyes con la intención de normalizar la situación [6] . Intención que evidenciamos en las directrices establecidas en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), instituida en México en el año 1973, con carácter nacional, con el propósito de resolver el problema de la irregularidad de la tenencia de la tierra:
…agilizar, mediante la descentralización y simplificación administrativa los trámites que se realizan en el proceso de la regularización de la tenencia de la tierra, poniendo énfasis especial en dirigir la atención de nuestro trabajo a los estratos de nuestra sociedad de escaso recursos económicos, y de necesidades apremiantes que denoten la extrema pobreza para que cuenten en forma rápida y eficiente con la escritura pública de la propiedad” (Huamán, 1998: 61-62).
Igualmente, visualizamos esa intención de regularizar la situación irregular de la tenencia de la tierra en la Ley 13.517 del año 1961, en Perú. En su articulado, se establece que los asentamientos informales recibirán tratamiento especial y dentro esa consideración, se menciona, entre otros propósitos, el saneamiento físico – legal. Consideración que contempla expropiación de terrenos y otorgamiento de títulos de propiedad (Sierra, 2001). En Brasil, igualmente, en el Programa Favela-Barrio, implementado a partir del año 1995, se prevé la regularización de la tenencia de la tierra (Clichevsky, 2003).
En el mismo sentido, en Venezuela con la promulgación de la Ley de Regularización de Propiedad de la Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares, actualmente en discusión, se pretende regularizar la situación de la tenencia de la tierra en áreas de barrios populares y, además, se contempla en su articulado la participación protagónica de las comunidades involucradas [7] .
En el testimonio de Xiomara Guánchez, adicional a la actuación pública notamos, igualmente, la intervención de otros actores privados —los supuestos dueños del terreno: los padres— los agraviados, que ante la ocupación de la tierra, comienzan a actuar. En este caso han sido pasivos, la actitud paciente ha estado sujeta a determinantes legales o más bien a situaciones ilegales, relacionadas con la propiedad de la tierra. Entonces pudiéramos acotar que los hechos irregulares o ilegales, valga decir las transgresiones, no son exclusivas de los invasores, las aplican otros actores aunque en menor escala.
De manera general, pudiéramos señalar que la actuación de los propietarios de tierras al momento en que se ocupan sus pertenencias dependerá, en parte, de las condiciones del terreno. Procederán en función de las debilidades o fortalezas que las tierras en cuestión presenten para ser desarrolladas, y de las intenciones que los dueños tengan con sus bienes.
Así, si el terreno ocupado presenta bondades para ser desarrollado o para su comercialización, los propietarios solicitan apoyo del gobierno —actores públicos— para que intervenga, y sean desalojados los invasores. Y, a la vez, les exigen la no intervención, pues con regularidad los tomistas solicitan algún tipo de actuación, valga decir dotación de servicios e infraestructura.
En otros casos, los propietarios de terrenos —actores privados— pueden consolidar el proceso de formación de asentamientos informales y convertirse en gestores activos. Esta situación sucede, usualmente, cuando las tierras tomadas no se consideran aptas para construir, debido a sus características físicas o a su localización. Ante la situación irregular, los dueños del terreno entablan negociaciones con los invasores, llegan a acuerdos. Los tomistas adquieren el terreno a un precio concertado. Ello, les sirve de estímulo para continuar levantando el asentamiento.
Por otra parte, los agentes privados —dueños de tierras— además de intervenir en el proceso de consolidación de asentamientos informales pueden dar inicio a su formación. Situación que, con regularidad, transcurre al conocer las debilidades de sus tierras. Los propietarios buscan la manera de sacar algún provecho de sus bienes, aunque no sea el óptimo. Venden lotes sin servicios, sin áreas para equipamiento colectivo, sin permisos de construcción.
Así, el necesitado de tierra adquiere un suelo, a lo mejor con mayor facilidad. Lo obtiene, acaso, a un precio menor que los ofertados en el mercado convencional y, generalmente, sin recurrir a ningún trámite legal. Este proceso común, pero menos generalizado en la producción de asentamientos informales es llamado, por autores como Lovera (1997), Duhau (1993) y Echeverría (1995), urbanizaciones piratas o fraccionamientos clandestinos.
Como hemos visto, la participación de diversos actores sociales en el proceso de invasión de tierras ha sido notoria. Unos actores aparecen en diferentes momentos, pero sus habitantes, de manera permanente, han sido ciudadanos activos. Inician la producción del asentamiento. Es más, sus intervenciones no cesan, pues una vez ganado el terreno continúan en la búsqueda de mejoras en el hábitat. Por ello, autores como Kullock et al., (1996: 31) abogan por el quehacer de los pobladores de estos asentamientos, al argumentar que “La participación de los habitantes en la organización física, constructiva y social de sus barrios es una necesidad que debe convertirse en acto de ciudadanía urbana reconocido y valorizado por las autoridades públicas, en vez de ser denunciado como una manifestación de falta de respeto hacia las reglas establecidas…”.
Modalidades de participación: una explicación
Al tomar una tierra, los invasores dan inicio a un accionar colectivo. Sin proponérselo, manejan conceptos de ayuda mutua, de autogestión, aplican principios de participación. Pareciera que actúan entendiendo la participación como estrategias de gestión colectiva que ponen en práctica para obtener respuestas a su condición de excluidos. Conciben a la participación como un derecho que pueden ejercer e incidir en sus modos de vida (Córdova, 1995).
Ese accionar colectivo les sirve de motivación para seguir adelante la lucha emprendida. Los invasores están claros, saben que los objetivos los pueden alcanzar sólo a través del hacer en común, con la participación directa de la gente. Ello, quizás les ha llevado a comprender que aplicando fundamentos de participación comunitaria o social pueden aprovechar las capacidades de todos (Godoy, 2000). Así, se convierten en sujetos productores, en actores sociales activos de su hábitat, en actores políticos de su cotidianidad, tal como percibe Fernández (1992) a los habitantes de los asentamientos informales.
En el accionar colectivo, las familias de escasos recursos al invadir una tierra se agrupan, intuyen que de esta manera pueden lograr transformaciones hacia cambios positivos. Formar grupos, estructurar un tejido organizado, apoyado en relaciones informales, ha constituido una modalidad, que desde tiempos remotos, los pobres urbanos han puesto en práctica para optar al derecho a tener una vida más llevadera.
Los invasores de tierras recurren a las movilizaciones para ejercer presión y así, lograr determinados objetivos. Esa presión obedece de acuerdo a lo indicado por Fadda (1988) a estrategias o a procesos surgidos de abajo hacia arriba, a movimientos desde la base. Pudiéramos considerar que se trata de los grupos llamados por Borja (1973), Castells (1986), Fadda (1990) y Katzman et al (1999), entre otros, movimientos sociales o movimientos sociales urbanos.
El término movimiento social, como expresión ciudadana, en sus orígenes se vinculaba con conflictos de clase y cuestiones sociolaborales. Las movilizaciones urbanas han surgido por la inserción en la estructura de la ciudad y por el reconocimiento social, político y cultural. Se ha vuelto común asociar el término a fenómenos sociales, con carácter de movimiento, nacidos con el propósito de transformación social. En la actualidad en un contexto globalizado, los movimientos sociales se relacionan con reivindicaciones específicas de un territorio o de un grupo (Segura, 2002).
Sin embargo, para Castells (1986) un movimiento urbano puede ser considerado como un mecanismo que permite la integración social y la dependencia a factores políticos, mas no como un agente de cambio social. Pues estos movimientos no emergen para atacar la esencia de la cuestión, para producir transformaciones en las estructuras que ocasionan los problemas. Añade que estos grupos se han originado, fundamentalmente, para defender o mejorar un determinado asunto.
Postura similar mantiene Borja (1973), al mencionar que la validez de los movimientos urbanos está en ventilar la existencia de un tipo de conflicto social y en el logro de determinados objetivos. Señala que estos movimientos adquieren cierta efectividad cuando se considera un asunto específico. Al referirse a los movimientos populares, indica que además del logro, adquieren poder político.
En el caso tomado como referencia —la invasión de tierras— notamos que el movimiento social urbano se ha originado para lograr, a través de la provisión de tierra, un lugar donde vivir. El movimiento ha sido efectivo, la meta establecida la han logrado: apropiarse del terreno.
Pero atender las causas estructurales que ocasionan la dificultad de las familias de escasos recursos para acceder a una vivienda no ha sido el propósito fundamental de la movilización. Ello se lograría, si se partiera de buscar transformaciones sociales que atacaran la esencia del problema: el porqué estas familias no disfrutan del derecho de tener una vivienda.
Sin embargo, los invasores —actores activos en el proceso de invasión— además de apropiarse de las tierras al mediar con otros actores adquieren poder social. En ese tránsito de negociación establecen vínculos, cualidad que les reivindica como ciudadanos. Al entablar relaciones con el objeto de apropiarse de la tierra, surgen nexos con otros actores sociales poseedores de poder.
Ese conjunto de relaciones ha dado lugar a la formación de ambientes propicios para llevar adelante pactos entre los ocupantes del terreno y quienes ejercen la autoridad local. Y con la intervención de estos actores sociales —públicos— en el proceso de ocupación acontece lo que Duhau (1993) ha denominado espacio de seminstitucionalización.
Duhau (1993) refiere el espacio de seminstitucionalización a la canalización de las necesidades habitacionales de las familias de escasos recursos, a quienes denomina clases subalternas, y a las actuaciones por parte del gobierno. Actuaciones que pueden ser manipuladas, generalmente con fines políticos y así, los actores públicos logran mantener bajo su dominio a los ocupantes. De esta manera, se forma una política clientelar entre el Estado, los partidos políticos y los habitantes de los asentamientos informales.
Al intervenir, el Estado toma posiciones contradictorias: legitima o reprime el hecho. Por ello, Lovera (1997) acota que la acción del Estado es doble. Por una parte, debe ser garante de la propiedad, incluso de sus propias tierras, y por otro lado, mantiene actitudes permisivas, como hemos observado en el caso en cuestión, pues ha tolerado la ocupación del terreno.
Al tolerar la ocupación del terreno, el Estado participa en el proceso de formación del asentamiento informal. Actuación considerada por Lovera (1997) como intervención encubierta del Estado. Se trata del tipo de participación denominada pasiva encubierta. Es aquella participación ejercida por personas o instituciones que sin pertenecer a la organización o movimiento apoyan a su sostenimiento. En el caso que nos ocupa, el Gobierno local no forma parte del movimiento que llevó adelante la toma del terreno, pero al tolerar las acciones efectuadas por el movimiento se convierte en actor actuante del proceso.
Al respecto, Castells (1986: 295) sostiene que sin la permisividad por parte del Estado o apoyo de factores políticos, los asentamientos informales no tendrían la posibilidad de existir. Es enfático cuando afirma que “…gracias únicamente a la permisividad del Estado, pueden contar los ocupantes ilegales con la base especial necesaria para su existencia cotidiana…”.
En igual dirección, Tomas (1995) ratifica esta apreciación y añade que esa permisividad la practican con mayor intensidad los gobiernos de tendencia izquierdista, al utilizar como bandera el derecho a la vivienda que todos tenemos. Y afirmamos que esta participación encubierta es la que, efectivamente, ha posibilitado la existencia de estos desarrollos en el contexto latinoamericano y quizás más allá, en otros ámbitos.
Para algunos autores, entre ellos Chourio y González (1999: s.p.), los gobiernos se convierten en actores pasivos en la formación y consolidación de asentamientos informales porque quizás así pueden “…drenar la presión social que significa el tener un amplio segmento de la población sin vivienda…”. De esta manera, el Estado transfiere el problema de la vivienda a otros sectores. Lo agravante de la situación es que la transferencia llega a un receptor débil, pues quien la recibe es el estrato de la población más necesitado, el carente de recursos. En consecuencia, da respuestas asociadas, concatenadas con sus necesidades y deficiencias.
Por otra parte, el contexto de vínculos surgido entre los actores sociales privados y públicos —invasores y gobierno local— participantes en la toma de tierras lo podemos considerar como un encuentro, entre quienes tienen poder y quienes no tienen. Es así como Pearse et al., (1980) y Borja (1988) en un contexto amplio conciben a la participación.
Para Borja (1988: 27), la participación es “…sobre todo el encuentro entre las instituciones representativas, partidos y administración, por una parte, y los movimientos y organizaciones sociales que existen autónomamente de los partidos políticos y de los mecanismos participativos…”. Pearse et al (1980), igualmente, vincula el encuentro con convergencia y confrontación. Concibe la participación como una relación de intereses que se da en el proceso de distribución de poder. Añade que la participación, desde esta perspectiva, puede ser percibida como un encuentro entre diferentes clases sociales o grupos. Friedman (1988) concibe el poder social como el acceso de la unidad hogareña a las bases del poder. Señala que una de estas bases es la organización y sin ella, considera que es casi imposible lograr cambios positivos.
En el
caso que hemos tomado como referencia notamos que en la toma de tierra
la sucesión de encuentros, valga decir la participación, se ha
dado entre los que tienen poco o ningún poder: los invasores y los que
lo poseen: el gobierno local. Y a través de esos encuentros, de esas
convergencias y confrontaciones, los excluidos lograron establecer nexos y poder
social, para apropiarse del terreno.
Conclusiones
En el conjunto de prácticas aplicadas en el proceso de invasión y apropiación de tierras intervienen diversos actores sociales, desempeñan variadas actuaciones, de manera deliberada o no, en momentos disímiles y con diferentes grados de participación. Cada uno actúa en función de sus intereses, generalmente contrapuestos. Pero los necesitados de tierra, desde el momento que gestan la idea de tomar el terreno comandan el proceso. Ejercen rol protagónico, se convierten en sujetos practicantes de principios de participación, logran identidad colectiva, realizan un conjunto de acciones con un propósito establecido: obtener la tierra.
A través de convergencias y confrontaciones, las familias de poco o ningún recurso logran establecer contactos con aquellos que poseen el poder para acceder, entre otros aspectos, a recursos, a bienes. Es por ello, que ante la necesidad de estas familias y en un contexto pleno de improvisación e inmediatez podemos considerar las prácticas aplicadas en la ocupación de tierras como una gestión válida para tratar de dar solución a parte de sus problemas o quizás será más valedero señalar que así tratan de aliviar parte de sus penurias.
Para
los invasores, el proceso continuará. Haberse apropiado de una
tierra es sólo el logro de una gestión, el primer eslabón
de un proceso del cual se sabe el inicio, mas no su culminación. Es el
origen de un plan de alcance mayor. Luego vendrán la implantación
de viviendas y la provisión de servicios y así, las
escenas se repetirán con actores sociales y actuaciones similares. Pero
los ocupantes de tierra ya cuentan con experiencia y poder para proseguir en
la lucha. El disfrute de un mejor lugar para vivir dependerá de
las acciones que emprendan. Un reto difícil, pues en el contexto latinoamericano
descuella la inequidad, la injusticia social.
Notas
[1]
Parte de este artículo se encuentra inserto dentro del compendio
de la tesis doctoral, que presenté en la Universidadde Valladolid,
en España, en marzo del año 2005, titulada La dinámica
urbana informal: Eje Palmira – San Josecito. Área Metropolitana de
San Cristóbal.
[2]
Aunque con menos frecuencia, en Latinoamérica, las
invasiones de tierra se organizan con fines mercantilistas. Así,
se ha originado un mercado de tierras informal, un mercado secundario de
compra – venta de tierras, en el que los invasores fungen de agentes
inmobiliarios. En unos casos, cobran sólo por el derecho a ocupar
el terreno, pues no cuentan con documentos que acrediten la propiedad. Y
en otros, venden la tierra con valor añadido, la negocian a un precio
mayor, por el hecho de contar con algún tipo se servicio.
[3]
La necesidad de establecer vínculos, la vemos reflejada en parte
de las conclusiones del Foro de Habitantes, celebrado en ocasión
de la reunión de Hábitat II, la Cumbre de la Ciudad,
promovido por la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso
de la Humanidad (FHP). En el Foro, se plantea la creación o el fomento
de redes internacionales de habitantes con el propósito de poder
expresar, sin intermediarios, la defensa de los derechos de estos
habitantes, el intercambio y su desarrollo. En Caracas, con este espíritu,
mediante la participación de universitarios y habitantes se creó
la Red Solitaria de Comunidades Autónomas Redsca (Bolívar,
2004). La red, ha facilitado el establecimiento de mayores contactos, la
incorporación de nuevos participantes y la comprensión del
papel dentro de las comunidades, entre otros logros (Hernández, 2004).
[4]
En Venezuela, a partir del año 1999 el proceso de invasión
de tierras se ha acelerado. Las noticias acerca de este proceso formaban
y aún forman parte del acontecer informativo de los diarios nacionales
y locales. Suponemos que esta oleada de invasiones es debida, principalmente,
a la postura asumida por el gobierno actual. Por su actitud y discurso político,
se ha convertido en un factor auspiciador de esta práctica. Solo
la cantidad de áreas de parques invadida nos sirve de referencia.
Entre los años 1993 y finales de 2003 se habían invadido 141
hectáreas de zonas pertenecientes a parques nacionales y 618 hectáreas
a parques de recreación (Davies, 2003).
[5] Producto de la puesta en práctica de diferentes actuaciones por parte del gobierno local, en la primera mitad de la década de los noventa, en Bogotá, la capital colombiana, se legalizó la situación de la tenencia de la tierra en 126 asentamientos y en los cuatro años siguientes en 665 más (Rueda, 2000). En México, el Corret hasta el año 2001 había regularizado 2.500.000 lotes. En Lima, la Comisión Nacional de Formalización de la Propiedad Informal (Coforfi) desde mediados del 2001 y hasta la mitad del año 2002 entregó títulos de propiedad a 126.7520 familias. Ello, nos da idea de la magnitud de las tierras invadidas por una parte y por otra, de la situación irregular de la propiedad de tierras que asiste en el contexto latinoamericano (Clichevsky, 2003).
[6] Según información aportada por Clichevsky (2003), en Brasil la constitución de 1988 incluyó el concepto de función social de la propiedad y con ello, se institucionalizó la regularización de dominio. La misma fuente, señala que en Argentina la regularización de tierras se rige a partir de la Ley de Emergencia Económica de 1989 y desde 1990, se implementa el primer programa de regularización a escala nacional. La voluntad de regularizar la situación de la tenencia de la tierra ha transcendido a otras instancias, organizaciones como las Naciones Unidas han manifestado su preocupación y han intervenido en la búsqueda de soluciones. Estos propósito se reflejan, entre otros, en El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en La Guía para el monitoreo de la Meta 11 “Hasta 2020 haber alcanzado una mejora sustantiva en la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos precarios”. Entre las acciones a acometer para el logro de esta meta se menciona la seguridad de la tenencia de la tierra (UN-HÁBITAT, 2003).
[7] Aunque la voluntad de regularización de tierras ha sido polémica. Por un lado, la aplicación de esta medida ha servido de estímulo para la formación de nuevos asentamientos y por el otro, generalmente, se han regularizado tierras de escaso valor urbano. La desvalorización del suelo, con regularidad, es debida a debilidades de orden físico existentes en el sitio de implantación del asentamiento: topografía abrupta y áreas con inestabilidad geológica. A ello, se le aúna la deficiente calidad de los servicios públicos.
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[ISSN: 1138-9788]