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UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA: LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO. EL CASO DE BARCELONA (ESPAÑA)
Una herramienta para la planificación urbana: la documentación del patrimonio. El caso de Barcelona, España (Resumen)
La planificación urbana se ha convertido en un instrumento destinado a construir o reconstruir ámbitos urbanos. Ese instrumento teórico práctico se desarrolla gracias a la implementación de diversas técnicas y herramientas. Una de esas herramientas, aún con un largo camino para su consolidación, es la documentación del patrimonio histórico-arquitectónico. Cada vez más, los urbanistas que ejercen en la función pública de los ayuntamientos deben valorar las piezas patrimoniales que se despliegan en la trama urbana con el fin de facilitar su conservación, su reutilización y su salvaguarda como receptáculos de una identidad propia e exclusiva que la ciudadanía demanda para si. En estas líneas presentamos distintas metodologías, centrándonos en el caso de Barcelona (España).
Palabras clave: Planeación urbana, patrimonio histórico arquitectónico, identidad, arqueología de la arquitectura, documentación del patrimonio.Urban planning tool: heritage documentation, the Barcelona case (Abstract)
Urban management has been converted a means to build or rebuild urban spaces. This theoric and practical means is developed thanks different technics and tools. One of this is an historical and architectonic heritage documentation. Nowdays, urbanists who work in a city halls must value urban heritage and historical buildings that it spreads along urban net. This evaluation will benefit urban planning process because it has to preserve, promoted a new uses and save urban heritage since is an exclusive identity container that the citizen demand of it own. Our work show a different proposals of methodology to urban heritage documentation, focusing in Barcelona city in Spain.
Key words: Urban planning, architectonic heritage, identity, archeology of architecture, heritage documentation.Planificación urbana y patrimonio edilicio histórico
No pocas ciudades organizan su trama urbana en función de unas líneas de planificación dirigida y mediatizada desde su propia administración local. La planificación urbana se ha convertido en un instrumento, casi en un fin en si mismo, destinado a construir o reconstruir ámbitos urbanos. Un instrumento que está desarrollando nuevos enfoques como resultado de la descentralización de las competencias urbanísticas por parte de los estados hacia las ciudades como entidades locales.
Esos enfoques son también activados por la irrupción de agentes de desarrollo económico que con su actividad condicionan las decisiones urbanísticas a tomar, por el creciente peso de los movimientos sociales y vecinales que quieren intervenir en las decisiones urbanísticas que se toman para determinar una ciudad más acorde con sus expectativas, por la necesidad y demanda de mayor transparencia en las decisiones que afectan a lo urbano por parte de los ciudadanos, por el peso cada vez más notable de la competitividad entre ciudades y sus efectos en la planificación urbana y por la notoria implantación de innovaciones tecnológicas (SIG, cartografías automatizadas, etc.) que permiten una toma de decisiones por parte de los urbanistas en aras de regular todo tipo de actividades urbanas (Fernández Güell, 2000, p. 57) .
Así, los enfoques del urbanista han a tener en cuenta multitud de variables más allá de las cargas constructivas, las tipologías urbanas y las zonificaciones más o menos versátiles que antaño el urbanismo aplicaba al solar urbano. Actualmente, el planificador debe considerar cada vez más conceptos ligados a la vialidad, la movilidad, la gestión medioambiental, con todo lo que conlleva si consideramos los parámetros de la ecología urbana (Bettini, 1998, p.36): Recogida de residuos sólidos, drenajes, evacuación de aguas, consumos energéticos externos, ciclo hidrológico urbano.
Igualmente, la planificación incide en la construcción de hitos de todo tipo promovidos por agentes públicos y privados que sirven para presentar la ciudad en competencia con otras y demostrar unas potencialidades que permitan la atracción o no de inversiones públicas y privadas (Krugman, 1996, p.485; Castells, 2000). Muchos de esos hitos están ligados a la creación de áreas donde instalar industrias de la denominada economía del conocimiento, centros financieros, agencias transnacionales, centros de investigación de alto nivel, complejos de educación superior, nodos logísticos, etc. Otros hitos se articulan en la búsqueda del desarrollo de una industria turística y cultural a través de la construcción o mantenimiento de museos, salas de conciertos, cines, etc. En no pocos casos, esos hitos no se basan en la construcción de un objeto, sino que el objeto urbano son áreas enteras de una ciudad que devienen espacios donde mostrar las historia de ciudad y su carácter peculiar y único, respecto a otras urbes (De la Rivas Sanz, 1999).
Este seria el caso de no pocos cascos urbano antiguos que apuntando su excepcionalidad recuerdan una lenta pero inexorable evolución del hecho urbano a lo largo del tiempo, desde su fundación hasta la actualidad y que son valorados por un uso turístico o se les otorgan características especiales por cuanto son testimonios del pasado citadino dando pie a operaciones de gentrificación de todo tipo o de sostenimiento de los poderes fácticos de la urbe dentro de ese espacio (Carpenter y Loretta, 1995; Smith, 1996).
En este punto, conviene reseñar que no poca literatura sobre turismo cultural atribuye a la oferta patrimonial y por ende, cultural el crecimiento turístico de un destino (De la Calle, 2002; Domínguez y Bernard, 2001; Kerstetter, Confer y Graefe, 2001; Greffe, 2003; Castells, 2001; Plaza, 2000). Así no extraña que numerosos destinos turísticos urbanos se pongan manos a la obra para recuperar su patrimonio cultural siempre y cuando este presente viabilidades para su uso. No es raro tampoco, que de la oportunidad se haya pasado al exceso como ya apuntan Troitiño (2002) y Jansen-Verbeke (1998) que lo han llamado “turistización”. Un fenómeno ha hecho que ciudades histórico-patrimoniales o cascos urbanos compactos se vean saturados de turistas y sobre todo de los servicios especialmente destinados para ellos. Estos últimos, en su desmesura, hacen perder parte de la belleza que la ciudad ofrece. Por citar algunos casos que ya han sido estudiados: Ámsterdam (Nijman, 1999), Venecia (Russo, 2002), la Alhambra de Granada (García, 2001) y París (Pearce, 1999).
Conviene no olvidar que ese uso del casco antiguo con valor patrimonial ni es homogéneo, ni igualitario para todas las ciudades del mundo. Carrión (2005) nos alerta de ello, señalando los peligros que subyacen sobre esa forma urbana, por un lado la perdida de centralidad, ya que la centralidad histórica, no tiene porque equivaler a una centralidad urbana en un momento que precisamente los planificadores urbanos crean nuevas centralidades. Otro peligro, especialmente, en las ciudades latinoamericanas, es el de la tugurización, el del incremento de la pobreza y de la economía informal que se da en esos centros históricos, invalidando muchos proyectos de renovación de cascos urbanos basados en el pasado histórico que no consideran las cuestiones socioeconómicas que hoy acontecen en ellos (Audefroy, 1999; Carrión, 2001; Harms et al.,1996 ; Mesias González, 2002; Luque y Smith, 2007).
Retornando a la relación entre planificación urbana y el patrimonio edilicio histórico, esos espacios turistizados o susceptibles de serlo, gentrificados o susceptibles de serlo o incluso en creciente degradación son tratados por el planificador de una forma determinada. Aquí, este antecede su trabajo a la sujeción de una normativa de protección patrimonial que en los más de los casos recoge una tradición de más de un siglo de preservación de muchos de esos espacios históricos y de otros tantos edificios y monumentos que a largo del tiempo se han convertido en moneda de doble uso, ya que por un lado el patrimonio edilicio se ha destruido con polémicas o de forma silenciosa para construir una nueva ciudad y por otro lado, se ha preservado, también con disputas, y allí donde esto acontecido ha llevado a estructurar la ciudad de una forma determinada diferente a la anterior. Hoy, en muchas ciudades, la preservación de un determinado patrimonio edilicio incide dramáticamente en los lineamientos de la planificación urbana de esas zonas (Álvarez-Mora, 1993, p.21).
Renovación urbana, planificación, identidad y patrimonio edilicio
Igualmente, la planificación urbana vertebra infraestructuras de todo tipo y sobre todo, cambios en la traza urbana tendentes a una mejora o renovación de tramas antiguas, deterioradas ya sea constructivamente, socialmente o económicamente. La renovación urbana se ha convertido en el mejor baluarte para justificar los nuevos diseños de una ciudad orquestados desde las administraciones públicas. Estos nuevos diseños revelan deseos político-ideológicos de integrar la urbe gobernada en los circuitos de la modernidad globalizada, de generación de nuevas centralidades, de emergencia de espacios de consumo mediatizado, etc. pero sobre todo, buscan denodadamente la atracción de rendimientos y entradas de capital por medio de la acción inmobiliaria y constructora. El negocio inmobiliario urbano es por encima de todo, un generador de réditos en forma de impuestos a las arcas públicas. Es también, portador de inversiones y vertebrador de un negocio, donde el suelo y el edificio son los ejes que apuntan mejoras en los datos macroeconómicos de la ciudad y movimientos de capitales y plusvalías para los más diversos agentes urbanos. Hoy más que nunca, la ciudad es una máquina generadora de rendimientos para el capital privado que son regulados, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor aquiescencia e intensidad por los gobiernos citadinos a través entre otros mecanismos: la planificación urbana.
En este marco de cambio que inevitablemente promueven muchos gobiernos municipales, la planificación urbana del tipo que sea ha de tener en cuenta a los edificios que para no pocos ciudadanos recuerdan la presencia en el tiempo de la ciudad y de las personas que la habitaron, amen de ser asideros de la identidad ciudadana. Esa identidad es ya, un concepto difícilmente soslayable por parte del poder público dado su creciente interés de canalizarla en aras de un interés político y también, en el caso de las democracias municipales más desarrolladas, el de evitar conflictos con la ciudadanía que ante la creciente homogeneización que impone la globalización ve en el paisaje urbano articulado a través de un patrimonio edilicio concreto y determinado, una de las mayores salvaguardas de su identidad y por tanto, se convierte en defensora del mismo, para darle usos comunitarios que van más allá del interés de la maquinaria inmobiliaria.
Así, muchos edificios históricos de otras tantas ciudades han sido convertidos en objeto de valor, tras su “transformación cívica” en un patrimonio común a preservar de alguna forma. Una transmutación propiciada por una especie de entente entre las administraciones públicas forzadas por la ciudadanía y sus asociaciones a través de los más diversos mecanismos (Fernández de Mello, 2001; Guillen, 2000; Nogueira, 2001).
También, y no es extraño que ello sea así, la conservación de un determinado paisaje patrimonial en la ciudad deviene un deseo de lo público por preservar elementos que otorguen una imagen concreta a una parte de la ciudad con el animo de conseguir réditos futuros directos o indirectos.
Todo ello ha llevado a estructurar leyes de preservación de esos edificios, de esos cascos urbanos antiguos que aludíamos o incluso de otras estructuras urbanas fruto de procesos urbanizadores posteriores, me refiero a algunos ensanches de ciudades europeas o latinoamericanas y también a estructuras de trabajo como las provenientes de antiguas estructuras agrarias que por el crecimiento de la ciudad han quedado insertas en su trama, fábricas e industrias en desuso, sedes del antiguo gobierno, espacios religiosos, militares, espacios de esparcimiento y ocio, etc. Se trata, hay que recordarlo, de una normativa de protección que muchas veces emana de una superior de carácter nacional o regional e incluso internacional que ha servido para la propia articulación esa norma de protección patrimonial local y ha permitido readaptarla a las circunstancias contemporáneas y a las características específicas de la ciudad.
En este sentido, conviene citar el ejemplo de Buenos Aires, donde en 2001 se diseñó un plan estratégico para el sector cultural, a semblanza de otras ciudades: Barcelona, Birmingham o Helsinki, donde se primó el fortalecimiento de una política patrimonial por su gran capacidad de generar productos turísticos y circuitos o intervenciones en el espacio urbano, creándose una subsecretaría de Patrimonio que rearmó la identidad al casco histórico de la ciudad, donde se han realizado numerosas obras y se ha trabajado intensamente con los habitantes de la zona (vecinos, comerciantes, empresarios) para la adquisición de documentos históricos y en el asesoramiento a los vecinos en aquellas intervenciones edilicias y propuestas destinadas a sus barrios, en un trasunto de concienciación sobre la importancia del patrimonio cultural urbano (Telerman, 2003).
Los instrumentos para la planificación urbana del patrimonio edilicio
De esa serie de circunstancias que propiciaron esa entente entre ciudadanía y los gobiernos locales a lo largo del siglo XX nacieron numerosas normas legales de protección del patrimonio urbano en otras tantas ciudades. Muchas de esas normas gracias a la misma entente a la que aludimos, ha sido reelaboradas, modificadas e incluso actualizadas a las nuevas circunstancias del patrimonio (Alonso Ibáñez, 2004, p.194; Castillo Mena, 2004, p.353).
Aun así, conviene decir que en algunas ciudades esa entente no ha podido ser vertebrada por diversas circunstancias, especialmente políticas, lo cual ha hecho que la normativa patrimonial, cuando la hay, siga anclada en unos parámetros concretos y ajena a las realidades de las ciudades del siglo XXI e incluso pendientes de veleidades neoliberales que no consideran el patrimonio edilicio urbano como algo a valorar y conservar (Balandrano, 2000; Moreno, 2004).
Hoy en día, muchas de las urbes con normativa específica respecto a su patrimonio histórico arquitectónico, tienen, también, un reglamento concreto que incide en la acción de los agentes urbanos que operan en el negocio inmobiliario (arquitectos, constructoras, inmobiliarias, inversionistas, etc.) Ni que decir tiene, que esas normas y reglamentos serán de referencia para los planificadores urbanos públicos, pues en sus estudios marcaran aquellos ítems que son elementos patrimoniales a preservar en mayor o en menor medida y zonificaran los cascos antiguos o áreas históricas con el fin de darles un cierto nivel de salvaguarda.
Serán así, unas normas de aplicación junto con un corpus legal que inciden en otros aspectos de la planificación urbana, asociadas a otras normas específicas ligadas a la instalación de elementos viarios, usos comerciales, regulación de tránsitos, instalaciones técnicas, edificabilidades permitidas, zonificaciones concretas pensadas en función de factibilidades diversas, etc. Y si, el patrimonio histórico arquitectonico es un elemento que el planificador urbano tiene en cuenta, sujeto a una normatividad determinada, este va requerir una serie de instrumentos.
El primero será la redacción de un catálogo de bienes patrimoniales urbanos donde se identifica la pieza con el fin de notificar al agente urbano que quiera operar en ella de su valor patrimonial. El propio instrumento del catalogo será también de uso para el propio planificador, ya que detectará concentraciones patrimoniales donde extraer algún tipo de potencialidad, ya sea a través de la estructuración de productos turísticos, ya sea a través de la articulación de una política de preservación y mantenimiento de un determinado paisaje urbano concentrado, aún en pequeñas dosis en alguna parte concreta de la ciudad como se puede ver en la figura 1.
Figura 1. Plano topográfico de un sector del casco medieval de la ciudad de Barcelona. |
Incluso, tal como aludíamos al inicio del texto, la necesidad de racionalizar la planificación urbana y el uso de catalagos o inventarios patrimonio histórico-arquitectónico urbano ha generado recursos tecnológicos que junto con otros son las herramientas de trabajo cotidiano de los urbanistas. Por citar algún ejemplo, destacamos el de la ciudad de San Juan en Argentina que a través del uso de un SIG ha incardinado la planificación urbana respecto a su patrimonio cultural (Nozica G., Grizas E., Potenzoni A. 1996 y 1998).
México, no es en absoluto ajeno a todas estas circunstancias, ya que tiene numerosas características similares a las de otros lugares en cuanto a esa relación entre planificación urbana y patrimonio edilicio. En este sentido, a partir de la década de los ochenta, las políticas urbanas empezaron señalar aspectos concretos en relación a los centros urbanos, especialmente en aquellas ciudades de origen colonial que poseían un importante patrimonio edilicio que presuponía una determinada potencialidad turística (Sánchez López, 2000). Ciudades como Morelia, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Ciudad de México, Mérida, Zacatecas, Campeche, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara presentan una estructura monocéntrica aglutinadora de los poderes fácticos, con una elevada densificación de edificaciones con valor patrimonial datadas desde el siglo XVI hasta la actualidad asociado a una traza urbana que mantiene los rasgos fundacionales. Se trata de características que ha incentivado la redefinición de esos centros históricos a través de acciones de rehabilitación, renovación y preservación siempre vinculados a la búsqueda de determinados valores inversores provenientes del turismo o de la propia regeneración urbana. El hecho que el casco histórico sea sinónimo en estas ciudades, de centro urbano, va propiciar unos efectos secundarios en toda la ciudad como son la organización de la misma y la movilidad de los flujos que en ella operan. (García, 2004, 2005). Redundando en el caso mexicano, la búsqueda de incentivos de todo tipo, ha llevado a que al menos nueve cascos urbanos sean hoy patrimonio de la humanidad: Zacatecas, Morelia, Guanajuato, Querétaro, Tlacotalpan, ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Campeche. Y que se hayan realizado no pocos estudios que de alguna u otra forma inciden en las problemáticas que relacionan patrimonio histórico, planificación urbana, normatividad y usos. Destaca sobremanera en este sentido los estudios relativos a la ciudad de Puebla de los Ángeles (Álvarez Mora, 2001; Melé, 1987; Montero, 2002; Montero y Pauneró, 2005), los referentes a Morelia (García, 2002), los relativos a Campeche (Carrillo, 2000), los de la propia ciudad de México (Paquette, C. y Salazar C.2005) o los correspondientes a Mérida (Peraza, 1997), por citar sólo algunos de los numerosos ejemplos existentes.
Igualmente, se pueden apuntar ejemplos de manejo y creación de catálogos patrimoniales urbanos, como el ejemplo, aún en construcción, de catalogo de patrimonio promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México. Este determina los indicadores de los inmuebles seleccionados en cada uno de los municipios de ese estado, en una serie de fichas descriptivas de los inmuebles a proteger. El trabajo recoge la información generada por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1972 y en 2002. (SEDUV, 2003).
Ni que decir tiene, que en lo relativo a la norma legal, todo y que aún anclada en unos parámetros desfasados, muy paternalista y poco maleable, esta reúne las características esenciales para una efectiva protección del patrimonio urbano (Balandrano, 2000; Moreno Carlos, 2004; Zabaleta, 2000), un hecho que lamentablemente, la desidia institucional, la corrupción y los intereses privados menoscaban con frecuencia.[1]
La documentación del patrimonio edilicio urbano: En busca de una metodología
Como hemos visto a lo largo de estas líneas, la norma legal, el catalogo son ya instrumentos de la planificación urbana. Uno podría preguntarse ¿En que forma inciden en el patrimonio edilicio a preservar?
Esa incidencia deviene cuando cualquiera de los agentes urbanos empieza a operar con ese edificio patrimonial. El recurso normativo entretejido con la planificación urbana va obligar a la confección de estudios concretos de aquellas piezas consideradas. Informes técnicos que por encima de cualquier otra consideración tratan de documentar ese patrimonio. Lamentablemente, en no pocas ciudades hoy por hoy, si se hacen, son un trámite administrativo ligado a un proceso constructivo, igual que lo pudiera ser el proyecto de derribo de un edificio. Sólo en aquellos casos, que la intervención presupone la restauración para un nuevo uso, más si se trata de un edificio relevante, la documentación, ese informe, se convierte en una herramienta útil. Ya no sólo del planificador urbano, sino de todos aquellos que intervienen en la rehabilitación, de cara a obtener el mejor resultado arquitectónico con el mínimo de agresión al edificio histórico, aspecto este último que muchas veces se menoscaba.
Como se puede entrever, la confección de esos informes va a requerir de la participación de personal especializado surgido de las disciplinas de la arqueología, la historia o incluso de la arquitectura. Igualmente, la confección de esos trabajos técnicos plantea desde hace no poco tiempo diversos dilemas conceptuales y la necesidad de una metodología a aplicar. Una metodología que entre otros asuntos, presenta una interesante conjunción entre los procesos de documentación propios de los historiadores con los métodos de análisis de la arqueología urbana e incluso con las metodologías de restauración arquitectónica (Checa-Artasu, 2007. En las líneas más abajo, mostramos algunos ejemplos de todo ello.
La escuela cubana de documentación del patrimonio edilicio urbano
En cuanto la metodología conviene anotar la potencia y nivel de los trabajos del Gabinete de Arqueología de la Oficina del historiador de La Habana, en Cuba, muchos de ellos referenciado en la propia revista de la entidad, Gabinete de arqueología, editada desde el 2000. Se trata de una propuesta del equipo de trabajo dirigido por el arqueólogo cubano Roger Arrazcaeta Delgado, que se retroalimenta del plan de recuperación patrimonial de Habana Vieja y que tiene un amplio campo de trabajo por delante con los planes de recuperación de la zona del Malecón y del barrio chino de la Habana.
La escuela cubana de arqueología de la vivienda o de la arquitectura bebe de la necesidad impuesta de recuperación integral de una serie de entornos concretos dentro de la zona a transformar, en este caso Habana Vieja. Una recuperación que pretende con una clara voluntad historicista un retorno a un pasado más o menos glorioso, más o menos idílico, más o menos turistizable.
El detalle y precisión de muchos de los trabajos es notable ya que están planteando el uso de la arqueología y sus técnicas en patrimonios poco acostumbrados a ella como es son los propios del siglo XVIII y XIX. Además, la combinatoria entre documentación de archivo, los estudios tipológicos y el trabajo arqueológico presenta resultados que persiguiendo esa recuperación integral de un entorno, llevan a valorar la enorme carga histórica y especialmente identitaria, que el patrimonio tiene y el sentido que puede tener la rehabilitación de la misma. (Arrazcaeta, 2002, p.15).
La experiencia española en documentación del patrimonio histórico urbano
En relación a la metodología conviene apuntar algunos ejemplos dados en España, quizás más susceptibles de ser transmutados y aplicados en las ciudades latinoamericanas. El primero nos viene de la mano de la denominada arqueología de la arquitectura. Siguiendo a Caballero Zoreda y Fernández Mier (1997) tres son los centros que en España han desarrollado investigaciones y métodos asociados que vinculan arqueología y restauración en aras de la documentación del patrimonio: El Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, de la Diputación de Barcelona con Antonio González Moreno Navarro al frente; el Centro de Estudios Históricos del Centro superior de investigaciones científicas, en Madrid, y el Departamento de Arqueología de la Universidad de Vitoria, en el País Vasco, donde también se acoge el denominado Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio. En este departamento y bajo el impulso de Agustín Azkarate se publica la revista Arqueología de la Arquitectura, cuyo primer número data del 2002. Esta junto a la serie de Monografías de Arquitectura Romana publicada por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1992, son obras de referencia para los investigadores españoles en arqueología de las construcciones.
El trabajo del Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio bajo el liderazgo de Agustín Azkarate se resuelve como el que en mayor medida ha hecho intentos de concretar una metodología a seguir y ha establecido los parámetros para la disciplina creada a mediados de los ochenta (Azkarate, 2002).
En segundo termino, junto a esos trabajos hemerográficos, ha aparecido en 2002 y editada por la Universidad de Sevilla, la monografía: Sistemas de análisis arqueológico de edificios históricos, un trabajo que bien podría considerarse el primer manual relativo a la documentación integral del patrimonio. Se trata de la tesis doctoral en arquitectura de Miguel Ángel Tabales Rodríguez. Este autor basándose en su experiencia profesional va asumir una serie de postulados básicos en el momento de intervenir en un edificio histórico. Tanto a nivel conceptual, vincula el estudio histórico arqueológico con la rehabilitación a efectuar; muestra la necesidad de comprensión diacrónica del edificio y la necesidad de un análisis generalizado del inmueble, como a nivel metodológico. Así convendrá en que debe existir un sistema de auscultación del edificio ágil y sistemático, una atención a los paramentos, un análisis selectivo primando lo general de lo anecdótico y una inserción geohistórica del edificio estudiando su entorno (Tabales Rodríguez, 2002, p.80-82).
Se trata de un ejercicio que quiere articular una completa metodología basada en una serie de preceptos básicos para la intervención con ánimo restaurador pero también con perspectivas de documentación histórica y arqueológica de cualquier edificio. (Tabales Rodríguez, 2002, p.85-86).
Sin duda, el trabajo de Tabales Rodríguez significa toda una inflexión en cuanto a la forma y método conque documentar el patrimonio edilicio histórico por su carácter globalizador y la asunción de una homogeneidad en el tratamiento del edificio. Aún así, presenta controversias propias del mundo de la arqueología por cuanto asume el método Harris con sus unidades estratigráficas como el método arqueológico a seguir (Harris, 1991) aún sabiendo que ese método esta en discusión cuando se trata de patrimonio edilicio o tratamos asuntos relacionados con la arqueología de la arquitectura (Muñoz Martínez, 2004). Una discusión activada por la visión mucho más coherente con la edilicia como la planteada por diversos teóricos italianos de la restauración. Este el caso de Roberto Parenti, que consideran el edificio:
“(...) El edificio es un objeto tridimensional y con una consistencia notable, como consecuencia se comporta de una manera ligeramente diversa a los estratos horizontales. A poco, un muro en un edifico crea una particular área de sedimentación. La línea de sobre posición va vista no solamente teniendo en cuenta una disposición entre el ancho y el alto sino también en sentido horizontal, de lo externo a lo interno o viceversa planteado una estratificación eminentemente horizontal que de forma secundaria considera los otros dos planos:el vertical y la línea del espesor” (Parenti, 1988, p.269).[2]
Se trata por tanto, de una discusión metodológica vigente, que supera la voluntad de este escrito, pero que señala lo incipiente de la disciplina por cuanto desde época muy reciente se han venido a desarrollar actividades de documentación del patrimonio construido. Aún así, el método pretende la interpretación histórica del edificio y todos los investigadores apuntan que más allá de esa estratigrafía arqueológica, se necesita los estudios tipológicos de todo tipo y la conjugación con la documentación escrita.
La vía realista de la documentación del patrimonio edilicio urbano: el caso de Barcelona
Una vía diferente, mucho más realista, tanto como proceso de documentación como con su interrelación con las necesidades del planificador urbano, como por los límites legales de actuación en el marco del patrimonio urbano construido, nos viene desde Barcelona (España). En concreto de la mano de la empresa Veclus, SL, dirigida por el historiador Francesc Caballé y el arqueólogo Reinald González . Se trata de un ejemplo, pionero en su momento, de creación de una microempresa donde la actividad profesional se centra en la documentación del patrimonio edilicio, aprovechando una necesidad generada por la propia administración municipal de la ciudad de Barcelona, puesto que desde hace más de diez años solicita a particulares, empresas y a la propia administración pública la redacción de informes documentales si han de intervenir en edificios preservado en el catalogo de protección del patrimonio histórico artístico[3]. Un ejemplo, seguido por otros como la empresa Servicios integrales para la cultura, fundada y dirigida por el que escribe estas líneas. En ambos casos, se trata de pequeñas empresas que han venido a cubrir las necesidades de la administración pública (Checa-Artasu, 2001). Cabe recordar que en Barcelona, el peso del sector inmobiliario activado tras los juegos olímpicos, las reformas agresivas del casco histórico de origen medieval, así como, la presión de la ciudadanía ante los dislates destructivos con su patrimonio llevaron a la administración pública a articular una mecanismos mínimos que han permitido documentar mucho patrimonio urbano edilicio que en la mayor parte de los casos a desaparecido.
Retornando a las cuestiones metodológicas, esa via realista concibe la documentación del patrimonio edilicio (Caballé, 2003, p.3):
“Como realidad compleja que es, un edificio - o un conjunto de edificios- puede ser analizado desde distintas disciplinas y con diferentes metodologías. Obviamente nosotros nos ceñiremos a lo que comúnmente se llama "documentación arquitectónica", aunque prefiramos utilizar el término de "documentación integral del patrimonio construido.
El objetivo de la documentación integral del patrimonio construido es el de conocer el origen y la evolución de una unidad arquitectónica para poder determinar su singularidad o valor patrimonial de representatividad dentro del contexto histórico de la ciudad. En el caso de los centros históricos urbanos hay dos elementos cruciales en esta definición que hay que tener muy presentes: uno es la relatividad de la singularidad o el valor patrimonial de un elemento, y el otro el concepto evolutivo. [...]
El propio concepto de documentación implica ya la doble utilidad de los trabajos que se han de desarrollar. Documentar significa tanto dejar constancia y analizar la realidad física que se estudia a nivel formal y descriptivo, cómo aportar evidencias y noticias históricas sobre el propio objeto de estudio...”
Caballé (2003) distingue dos vías por donde va entrelazarse la metodología a seguir en aras de documentar de forma integral ese patrimonio edilicio. La primera, la denomina: trabajo de campo, consistente en la realización de una planimetría del edificio actualizada que va a ser comparada con la documentación planimétrica que se hallará en archivo. Junto a esa labor, se efectuará la detección de la evolución histórico-constructiva del edificio a través de sus evidencias físicas. En este punto va introducir técnicas propias del mundo de la restauración y la arqueología como son lo que el denomina: sondeos o repicados parietales. Estos van a permitir a través de los materiales de construcción o elementos arquitectónicos encubiertos secuenciar y otorgar cronologías relativas. En este punto, Caballé matiza la utilidad de los métodos arqueológicos que por ejemplo hemos visto en el caso de Tabales Rodríguez. No se trata de un rechazo del método de Harris o el de Parenti, se trata mas bien de practicidad y de prestancia, ya que desde su punto de vista, su trabajo profesional es un encargo marcado por la necesidad temporal perentoria de un cliente que debe presentar un trámite ante la administración municipal y que no puede permitirse ni por tiempo, ni por dinero, un trabajo histórico-arqueológico en detalle, más cuando el edificio va a ser derribado, en muchos de los casos. Aquí cabe apuntar que la normativa existente en la ciudad, determina en cuatro categorías los niveles de protección patrimonial de los edificios catalogados. La más baja es la que mayoritariamente sufre los embates de la renovación urbana. Para Caballé (2003, p.4):
“Lo importante es poder llegar a descubrir la constitución parietal de un muro y poder determinar su tipología y posible adscripción cronológica, así como su relación con la evolución histórica de la finca dónde se encuentra, más allá de poder identificar -utilizando terminología arqueológica- todas las acciones positivas y negativas que se observan en el paramento, detallar su ubicación, dibujarlas a escala 1:20, otorgarles un número de unidad estratigráfica y realizar un registro individualizado. No es que el método sea incorrecto y aún necesario en según que contexto de investigación -sobre todo de elementos singulares- , pero en cualquier caso creemos que, en el estudio del patrimonio construido, no aporta más información de la que se puede extraer con la obtención de muestras razonables. [...] La función del trabajo de campo no es sólo descubrir. También constatar. Así, son igualmente relevantes las descripciones de los espacios y los sistemas constructivos, usos de materiales, soluciones de cubierta, etc. que permiten igualmente otorgar cronologías relativas y establecer criterios de singularidad”.
La segunda vía de esa metodología va a ser el denominado “trabajo de archivo” está tendrá que relevar información sobre una entidad física concreta, aunque esta haya desaparecido o simplemente se hayan detectado sus restos durante le trabajo de campo.
Además el trabajo de archivo va servir de comprobante de no pocos elementos estructurales, de la planta o de los usos que ha podido sufrir el edificio a lo largo de su historia. Ni que decir tiene que documentar un edificio a través de material de archivo debe servir para mucho más que saber su año de construcción o el nombre del arquitecto que lo proyecto. La consulta de archivo, siguiendo nuestra propia experiencia personal, revela no sólo cambios en bastantes casos imperceptibles en el trabajo de campo, sino que permite descubrir los agentes instigadores de los mismos, las causas y los momentos en que se han producido. Una información sin duda, valiosa para remontar la evolución cronológica estructural del edificio en estudio. Igualmente, no se puede olvidar que la situación del edificio en la trama de la ciudad va a determinar hasta que nivel temporal podemos localizar documentación archivística. Esta tiene un límite temporal determinado, unas formas de presentación concretas que requieren de interpretación, este hecho es significativo en una ciudad bimilenaria como Barcelona, donde aún es posible encontrar estructuras edilicias del siglo XII o XIII.
Aún así, se trata de una estrategia de investigación archivística que va a la inversa, es decir va en busca de una realidad concreta y eso rompe con los planteamientos empleados habitualmente en las investigaciones históricas basadas en el vaciado más o menos sistemático y exhaustivo de series documentales rompiendo la tendencia historiográfica que creía que era imposible, o muy laborioso, conseguir que los datos archivísticos referidos a la arquitectura doméstica. Para el caso de Barcelona, las series documentales de obras llegan sólo hasta el siglo XVIII y, de hecho, sólo aportan información directa sobre una dirección concreta a partir de mediados del siglo XIX.
Así pues, cuando se trata de construcciones con una historia dilatada, la investigación tiene que centrarse en la reconstrucción de la secuencia de la propiedad de la finca. Para ello, se parte del Registro de la Propiedad, archivo público actualizado que sirve de puerta de entrada a ese recorrido genealógico de la casa estudiada. Esa documentación registral nos da unos antecedentes recogidos en una serie de referencias notariales, que deben ser consultadas en el archivo del colegio de notarios y que aportan numerosa y diversa información de las finca. La secuencia notarial nos permite ahondar en la historia de la casa, en sus momentos constructivos, incluso revelar si existió una edificación anterior o el momento inicial en el que el solar fue construido. Así a veces ha sido posible llegar hasta el siglo XV y se han podido documentar numerosas casas del casco histórico medieval de la ciudad, haciendo aparecer propietarios, fechas, datos diversos que todos unidos permiten un mejor conocimiento de la historia urbana o incluso de la historia social o de las mentalidades permitiendo la difusión de los mismos, como se puede intuir en los croquis de la Figura 3.
El último punto en el que incide el trabajo de Caballé va ser en la necesidad de dar una valoración al patrimonio edilicio que ha sido investigado. Para él la valoración va a depender la posibilidad de recabar la mayor cantidad de informaciones posibles, ya sea en el trabajo de campo, ya sea en el trabajo de archivo a fin de conseguir una secuencia cronológica del edificio que además quede visualizada con datos que suministran las fuentes y por los elementos más o menos singulares que se hayan revelado en la investigación. Los hallazgos fortuitos de estructura subyacentes, especialmente de origen medieval, ha permitido en algunos casos, ciertamente muy pocos, determinar una nuevo rumbo del edificio que estaba destinado a sufrir la piqueta. Un nuevo rumbo que deberá determinar el planificador urbano, ya que es él, gracias a los mecanismos legales que tiene a su disposición, el que determina si una valoración extraída de un proceso de documentación merece cambios en los elementos a conservar en caso de rehabilitaciones o incluso, un cambio e categoría en el nivel de protección del elemento.
Esa acción que podría parecer la más lógica, al menos en Barcelona, no lo es, todo lo contrario. Entregar el pertinente informe documental se trata del punto y final en el proceso que implica la documentación del patrimonio edilicio urbano.
En el quehacer de los seis años de vida de Servicios integrales para la cultura, SCP, y tras una cincuentena de informes realizados, se constata la utilidad a posteriori de la documentación del patrimonio edilicio histórico en Barcelona, tal como refleja la figura 2.
Más del 65 por ciento de los edificios fueron derribados tras el informe, dado que su categoría de protección patrimonial así lo permitía. Incluso, no pocos de esos derribados no tenían ninguna categoría de protección y los informes habían sido arbitrados por los técnicos municipales en planeación en aras de documentar el espacio que se iba a perder y asegurar que no se perdía nada reseñable. En todos, esos casos, la documentación fue archivada en el expediente relativo al derribo y/o la nueva obra, dejando su consulta abierta en el marco del procedimiento administrativo y normativo que rige a las administraciones públicas en España.
En el 13 por ciento de los informes, el proceso de documentación llevó a la propiedad con la connivencia de los técnicos municipales del área de urbanismo a salvaguardar estructuras y elementos internos o externos reseñables y que contextualizaban el edificio en dentro de un proceso de evolución histórica. En un 16 por ciento de los casos, se trataba de edificios que iban a ser rehabilitados y el informe sirvió para hacer incidencia en algunos aspectos constructivos para el conocimiento de la funcionalidad de la propia edificación, en esos casos, también sirvió para apalancar un determinado valor económico en función de la antigüedad y de las vivencias y personajes que habían poblado el edificio. Sólo un 2 por ciento de los edificios documentados fueron derribados y conservaron alguna pequeña estructura, en la mayoría de los casos fueron fábricas que conservaron alguna de sus chimeneas.
De esos datos, se comprende el valor incuestionable de una buena documentación ya sea la que se constata en el trabajo de campo, ya sea la que se obtiene del registro de la propiedad, de los archivos notariales o de cualquier otro archivo, ya que es la información que en ellos se recaba la que permite cambios en el mantenimiento de estructuras y el conocimiento del edificio en detalle en caso de su rehabilitación. Una documentación que da a pie, por responsabilidad social, a darla a conocer a la sociedad en forma de artículos (Checa-Artasu, 2002,2003, 2005, 2006; Caballé y González, 2004; González, 2005)
Con todo y con eso, en base a nuestra propia experiencia, al menos en Barcelona, aún queda mucho trecho por recorrer para una mayor consideración el patrimonio construido. Muchos de esos cambios y esas estrategias de preservación puntuales surgieron de motu propio de los propios profesionales que desde la función pública tratan estos temas. Estos cuentan con el amparo de la normativa aún débil y deben lidiar con la presión inmobiliaria que ve en esas demandas cortapisas a su libre desarrollo.
Esa, sin duda alguna, es la asignatura pendiente y la senda que la documentación del patrimonio edilicio histórico y sus metodologías de análisis deben perseguir para configurarse como verdaderos instrumentos de la planificación urbana.
Figura 2. Porcentajes relativos a la situación de los inmuebles después que la empresa Servicios Integrales para la cultura, SCP realizasé informes de patrimonio edilicio urbano. Los informes fueron elaborados entre 2000 y 2006 y demandados por la administración pública y el sector privado ligado a la contrucción. Fuente: Elaboración propia. |
Figura 3. Plano de la secuencia de ocupación de la calle Alvarez de Castro de Barcelona en 1849-1857, obtenida tras el trabajo de archivo. |
Notas
[1] El patrimonio cultural mexicano y su gestión se regula a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972. Esta protege el patrimonio cultural de la nación, establece la obligatoriedad para sus propietarios de cuidarlos y conservarlos, así como establece las normas para su restauración, demolición o reconstrucción, regula su comercio y exportación temporal; crea el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas y establece la propiedad de la Nación sobre ellos.En la actualidad, esta legislación está en proceso de revisión, en el entendido de que la reforma a la Ley Federal de 1972 deberá adoptar conceptos universalmente aceptados y contenidos en tratados suscritos por México. Un aspecto legislativo que se debe considerar en México es la repercusión de las reformas al Art. 27 de la constitución mexicana dado que se estipula la posibilidad de expropiar por interés público a cambio de una serie de indemnizaciones no determinadas y en aras de una supuesta utilidad pública, en lo que se refiere al patrimonio cultural.
[2] “(…) l’edificio è un oggetto tridimensionale e con una consistenza notevole, di conseguenza si comporta in maniera leggermente diversa dagli strati prevalentemente orizzontali; in più una muratura, un edificio, crea un particolare bacino di sedimentazione. La legge di sovrapposizione va vista, probabilmente, non soltando dal basso verso l’alto ma anche in senso orizzontale, dall’esterno all’interno o viceversa, e quinde,non avremo soltando stratificazioni prevalentemente orizontali, ma anche secondo gli altri due piani verticali e nel senso dello spessore.
[3] Para ver un ejemplo de esa documentación conviene consultar: Caballe, F., Gonzàlez, R. (2002) Recerca documental de la finca del carrer de l'Arc de Sant Ramon del Call nº 8 de Barcelona. [En línea]. Barcelona: Veclus,SL. <http://www.veclus.com/Opcion3/Call%20de%20Barcelona.pdf>. [9 de marzo de 2007].
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