Después de las elecciones generales del pasado julio y la formación del nuevo Gobierno, se abre un nuevo período tras la etapa reformista que caracterizó la anterior legislatura.

La Seguridad Social, como primer pilar de la previsión social, tiene un papel vertebrador, tanto en lo social como en lo económico. Por ello, se debe destacar la recuperación del consenso en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, en octubre de 2020, que sentó las bases para el desarrollo de la agenda reformista del Gobierno. Sus principales manifestaciones fueron el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su componente 30, la reforma en dos fases de la Seguridad Social y, en el terreno de la previsión social complementaria, la aprobación de la Ley 12/2022, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

La reforma de la Seguridad Social tuvo como eje de progreso el aumento de sus ingresos, superando viejas fórmulas centradas en el recorte del gasto. Sin duda, tanto la reforma laboral, que ha conllevado una reducción de la precariedad laboral, como el incremento del salario mínimo, han significado la mejora de la financiación de la Seguridad Social.

De la reforma de la Seguridad Social destacan tres medidas. La introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para financiar la jubilación de la generación boomer, la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC, y la contribución del Estado para financiar la Seguridad Social y su Fondo de Reserva.

En materia de previsión social complementaria, las medidas adoptadas son las más importantes desde la exteriorización obligatoria de los compromisos por pensiones. La cuestión se ha llevado al primer plano del debate social, especialmente en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva, cuyo ejemplo más claro es el plan de pensiones sectorial de la construcción, acordado en su VII Convenio General.

El principal reto del nuevo Gobierno será implantar las medidas contenidas en la reforma de la Seguridad Social. En materia de previsión social complementaria, será, por su parte, el desarrollo del sistema de empleo, a través del diálogo social y los acuerdos de negociación colectiva, así como la puesta en marcha de los macrofondos de pensiones de empleo de promoción pública, cuya Comisión de Control Especial aún no se ha puesto en marcha.

El desarrollo de los planes de pensiones de empleo simplificados es una de las incógnitas que deben ser resueltas en esta legislatura. Tras el plan de pensiones de la construcción, se abren expectativas de nuevos planes pensiones sectoriales. La inclusión del compromiso de desarrollar la previsión social complementaria, a través de la negociación colectiva, en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, es esperanzadora.

Respecto a los objetivos de la Ley 12/2022, de los tres sectores a los que principalmente iba dirigida, autónomos, convenios sectoriales y administración pública; únicamente se vislumbran buenos indicios para los trabajadores por cuenta propia. El desarrollo en los convenios sectoriales va a depender de la voluntad de los agentes sociales, mientras que en la administración pública el desarrollo de planes de pensiones se prevé imposible mientras exista la restricción presupuestaria para realizar aportaciones en favor de los empleados públicos.

Autor: Jordi Giménez, responsable de Relaciones Institucionales del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.