Aunque existe un consenso generalizado sobre la necesidad de contar con un verdadero sistema mixto de pensiones (modelo de los tres pilares), con varias fuentes y proveedores de ingresos para la jubilación, todavía estamos lejos de conseguirlo. El sistema público es el principal (y casi único) proveedor de pensiones y los sistemas complementarios (empresariales e individuales) juegan todavía un papel muy residual, a pesar de que iniciativas recientes, como el Pacto de Toledo en 2020 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2021, han contemplado la revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones y se ha hecho una apuesta decidida por los sistemas empresariales que se ha plasmado en la Ley 12/2022, de regulación para el impulso de los planes de empleo.

Este nuevo marco normativo debería constituir una buena oportunidad para la generalización de pensiones complementarias en el ámbito empresarial. No obstante, su efectividad no será inmediata al depender de la voluntad de los agentes sociales para incorporar pensiones complementarias en la negociación colectiva, especialmente en la sectorial. Un punto de partida positivo, aunque claramente insuficiente, es el V AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) en el que se plantea fomentar los planes de empleo en los convenios colectivos. Más efectiva sería recuperar la propuesta de modificación del Artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores relativa a la obligatoriedad de que la PSC formara parte de las materias a negociar en los convenios colectivos y que decayó en 2023.

Del mismo modo contribuiría al objetivo perseguido superar manifiestas incoherencias de los legisladores. Por un lado, no tiene sentido pretender impulsar las pensiones de empresa y a la vez mantener la prohibición (desde 2012) de realizar aportaciones a planes de pensiones por parte de las AA.PP. en su calidad de empleadores. Tampoco parece coherente que la obligación de remisión de la información relativa a las expectativas de pensión pública, la más relevante para los ciudadanos, lleve paralizada desde 2011 mientras que los partícipes de planes de empleo ya recibirán en 2025 la pensión estimada a la jubilación de su plan.

Que se suministre tal información pública debería ir asociado con un ambicioso plan de educación y cultura financiera, imprescindible para generalizar la planificación de la jubilación y el desarrollo de la previsión social complementaria.

El éxito en esta labor exigirá la implicación de todos. De las AA.PP. adoptando medidas coherentes con el impulso que se pretende y potenciando el atractivo de los instrumentos. De los agentes sociales poniendo en valor estos sistemas en la negociación colectiva. De las entidades que operan en el sector (gestoras, aseguradoras, consultores, etc.) para ofrecer sus mejores prácticas. Pero todos ellos, acompañados de otras entidades como el Observatorio, deben comprometerse a realizar un esfuerzo conjunto de divulgación e información, tanto del funcionamiento del sistema público como de los sistemas complementarios para que los ciudadanos puedan adoptar decisiones fundadas de cara a su jubilación.

Autor: Mariano Jiménez Lasheras, presidente del Consejo Asesor del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, director general de CPPS y presidente de OCOPEN.