El Pacto de Toledo ha constituido un elemento fundamental en la consolidación del modelo de pensiones públicas en España, estableciendo asimismo directrices para el desarrollo de la Previsión Social Complementaria en su recomendación decimosexta. No obstante, los sistemas de pensiones del Segundo Pilar se enfrentan actualmente a desafíos estructurales que requieren atención inmediata.

Desde su implementación mediante la Ley de 1987, los planes de pensiones de empleo han mostrado un desarrollo inferior al proyectado. La exteriorización de los compromisos por pensiones que las compañías tenían asumidos en provisiones contables sólo ha alcanzado al 10% de la fuerza laboral, mientras que la creación de planes de pensiones “ex novo” ha resultado marginal. La reciente Ley de 2022 para el impulso de los planes de pensiones de empleo desarrolla la recomendación decimosexta y nace con el objetivo de corregir dicha situación a través de la negociación colectiva, aunque los plazos inherentes a los procesos de dialogo sectorial podrían ralentizar el cumplimiento de los objetivos de cobertura de trabajadores y de adecuación de prestaciones.

El modelo británico de autoenrolment, que establece por mandato legal la obligatoriedad de las empresas de constituir planes de pensiones con afiliación automática de sus trabajadores, ofrece perspectivas interesantes. Su aplicación en España fue descartada durante el proceso de tramitación de la Ley de Impulso por posibles conflictos con el artículo 41 de la Constitución, que establece el carácter libre y voluntario de las prestaciones complementarias. Este aspecto genera debate doctrinal, particularmente respecto a si la exigencia de libertad se aplica a los trabajadores beneficiarios o también a las empresas. Este modelo merece un análisis sosegado para ver su posible aplicación en nuestro país.

Es el momento de preguntarse qué cosas hay que hacer de manera distinta, de mirar desde una perspectiva diferente. Para ello, abogamos por tres ejes de actuación:

  1. La creación de una subcomisión o un grupo de trabajo específico dentro de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo que permita definir una Estrategia Nacional de Previsión Social Complementaria que trascienda los cambios de gobierno, con objetivos claros y medidas coherentes a largo plazo, en que se consideren las pensiones como un sistema multipilar y no como pilares independientes.
  2. La institucionalización del diálogo social mediante la incorporación formal de la Previsión Social Complementaria en la agenda permanente de la Mesa de Diálogo Social.
  3. Definir un modelo de incentivos fiscales y no fiscales con criterios de equidad de los diferentes productos destinados a la jubilación.

En conclusión, el futuro de la Previsión Social Complementaria pasa por un amplio acuerdo político-social transversal que articule un sistema robusto para garantizar un complemento adecuado a las pensiones públicas y asegurar una jubilación digna para todos los ciudadanos mediante la corresponsabilidad institucional y el diseño de políticas públicas a largo plazo.

Autor: Carlos Alberto Quero Pabón, director de supervisión de la Dirección de Negocio de Empresas de VidaCaixa, vocal de la junta de gobierno de OCOPEN y secretario del Consejo Asesor del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.