La verdad es que a muchos les quita el sueño esa pregunta sobre la jubilación: ¿será suficiente mi pensión pública? Hay una idea brillante que está triunfando internacionalmente y que busca darnos tranquilidad: el autoenrolment, o adscripción automática.
Este mecanismo es un empujón sutil, un nudge. Lo que hace es inscribir automáticamente a los trabajadores en un plan de pensiones complementario a través de su empresa, pero con la total libertad de optar por salirse si no les convence, el famoso opt-out. Es una estrategia clave que ha demostrado ser un éxito espectacular en países como Reino Unido, logrando reducir esa enorme brecha de ahorro previsional que tanto nos acecha.
Y es que este no es un capricho local. Los organismos internacionales están insistiendo. Desde la OCDE, la Comisión Europea e EIOPA están impulsando la participación en sistemas complementarios a través del autoenrolment. De hecho, en 2023-2024, EIOPA ya puso un énfasis especial en su implantación de cara a la revisión de la Directiva IORP II y la Comisión Europea lanzó este año una consulta pública donde la adscripción automática es la prioridad número uno.
Pero aterrizar esta idea en España tiene sus escollos. Tras décadas de esfuerzos poco fructíferos fomentando planes privados, el Pacto de Toledo en 2020 admitió que el desarrollo de este segundo pilar había sido insatisfactorio. Aunque se aprobó la Ley 12/2022 para dar un impulso vital a los planes de empleo, no se incluyó el autoenrolment obligatorio a las empresas.
¿Por qué tanta cautela? Pues porque el artículo 41 de nuestra Constitución señala que las prestaciones complementarias deben ser libres, es decir, de carácter voluntario. Esto ha generado una duda nada sencilla: ¿hasta qué punto una ley puede obligar a empresas y trabajadores a adherirse a un plan privado? La clave podría estar en interpretar esa ‘libertad’ solo referida a los trabajadores, permitiéndoles siempre el opt-out. Además, hay una tensión económica palpable que resolver: los empleadores temen un incremento desmesurado en los costes laborales y los sindicatos vigilan que no se impida recuperar los niveles adecuados de salario inmediato.
Pero hay esperanza si interpretamos la Carta Magna con una mirada pragmática y respetamos esa voluntariedad individual. Un modelo español podría establecer la obligación de que las empresas ofrezcan planes de empleo sectoriales (negociados colectivamente). Estos tendrían que tener un sistema gradual de aportaciones mínimas, donde el trabajador siempre conserve ese preciado derecho de opt-out. A esto le debemos sumar un apoyo, una mano amiga del Estado, mediante cofinanciación pública o incentivos fiscales.
La verdad es que los vientos internacionales soplan con fuerza a favor de esta transición. Nuestro reto será saber adaptar ese viento a nuestras velas legales, para que, sin naufragar en dudas constitucionales, avancemos seguros hacia un futuro donde complementar nuestra pensión pública no sea la excepción, sino la regla general.
Autor: Director de supervisión de la dirección de empresas de VidaCaixa. Vocal de la junta de gobierno de OCOPEN. Responsable del grupo de trabajo de Previsión Social Complementaria. del Instituto de Actuarios de España. Vicepresidente del Consejo Asesor del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria