El éxito en la Casa Orsola se ha convertido en símbolo de resistencia ciudadana ante la creciente presión inmobiliaria. En los últimos diez años, el precio del alquiler en Barcelona ha aumentado un 41%, según datos de la Agència Catalana de l’Habitatge, mientras que los salarios en la ciudad apenas han crecido un 1,2% entre 2013 y 2023. Hoy, decenas de edificios están en riesgo de desalojo, y muchas familias se ven forzadas a abandonar los barrios donde han construido su vida.
Por Núria Magdalena Webb
Tras cincuenta años viviendo en el mismo piso donde han crecido sus tres hijos, Eugènia López Soques y Jesús Font Urgell recibieron una notificación inesperada en diciembre de 2022 que rompió su mundo: una notaría les informó que su contrato de alquiler, que vencía en 2027, no se renovaría. Y pese a que aún les quedan tres años para encontrar una alternativa en Barcelona, las opciones son escasas. “No podemos comprar aquí”, admite Soques.
“Con nuestra edad, nadie nos va a dar un crédito”, añade Soques, ya jubilada. “La situación nos ha pillado por sorpresa, no es fácil de entender”, dice Font. La vida de estas dos personas, que durante décadas han vivido en el mismo barrio, ha cambiado radicalmente. El edificio, situado en la calle Diputació 166, que había sido la casa de la familia de Soques durante 125 años, se ha transformado por completo. “Cada vez pasa más -explica Font-. Los propietarios mueren, los herederos venden y los fondos buitre compran. Son los nuevos dueños de la ciudad.”
En Barcelona cada vez hay más parejas como Eugènia y Jesús, que siempre han pagado puntualmente el alquiler de su vivienda y que están dispuestas a seguir haciéndolo. Pero, de repente, un fondo de inversión compra todo el edificio y decide no renovar sus contratos.
La realidad para Eugènia López Soques y Jesús Font ha cambiado radicalmente en la última década. Casi todos los residentes de su bloque de viviendas son ahora turistas, gente que llega y se van sin cesar, mientras que el resto de los vecinos han ido marchándose. Font asegura que “los turistas han llevado el caos” y explica que los pasillos del edificio se han llenado de restos de basura, botellas vacías y restos de comida que arrojan los turistas, «que solo ven el piso como un lugar para pasar la noche». “Ya no es nuestra casa”, lamenta.
Solo en 2024, se han contabilizado 13.517 contratos de alquiler de temporada en toda Catalunya, lo que supone un incremento del 45%. Es decir, 4.187 contratos más en comparación con el año anterior, según los datos de fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl).
La incertidumbre es el sentimiento que predomina en los últimos meses de esta pareja, que nunca imaginó vivir una situación tan desesperada. Dicen que no habían imaginado vivir unos años “sin saber cómo, ni cuándo irme, ni a dónde ir.” Soques se pregunta cada vez que ve algo en casa: “¿me lo llevo o no? ¿dónde lo pondré?”, pensando en todo lo que tendrá que dejar atrás.
Font reflexiona sobre cómo la vivienda no solo afecta su presente, sino también su propio futuro y el futuro de las generaciones más jóvenes. “La vivienda no es solo una cuestión política, es dónde vivirás cuando te jubiles y cómo afrontarás la vejez. Es parte de tu plan de vida, desde cómo formar una familia hasta la decisión de tener hijos o no.”
“La vivienda no es solo una cuestión política, es dónde vivirás cuando te jubiles y cómo afrontarás la vejez. Es parte de tu plan de vida, desde cómo formar una familia hasta la decisión de tener hijos o no.”
La frustración es palpable en las palabras de esta pareja, y no dudan en afirmar que la situación es insostenible. “Lo que más me indigna es que estamos tan abandonados por las administraciones. Todo es un caos, y todo el mundo está afectado pero nadie lo está solucionando”, dice Soques.
Según el último Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil, los jóvenes de entre 16 y 29 años que quieren independizarses sin compartir gastos tendrían que destinar actualmente el 102,3% de su salario. De acuerdo con la ONU, una vivienda se considera asequible si no se dedica a ella más del 30% de los ingresos mensuales.
La historia se repite en Casa Papallona. Marga Aguilar Bartolomé- una vecina que lleva más de tres décadas viviendo ahí-, recibió un aviso de desahucio después de que un fondo de inversión comprara el edificio. Conocida por el distintivo mosaico en forma de mariposa que adorna su fachada, el edificio es una joya del modernismo obra del arquitecto Josep Graner. Por su ubicación privilegiada, a pocos pasos de la plaza Espanya, en los últimos años se está convirtiendo en pisos turísticos o apartamentos de lujo.
Según Xavier Riu, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample, ya han identificado más de 46 edificios en proceso de reforma con el objetivo de aumentar los precios de alquiler y venta, solo en este barrio. Riu destaca que, en la mayoría de los casos, los vecinos no tienen los medios para plantar cara a estos cambios, lo que ha dado lugar a cientos de ‘desahucios invisibles’.
Aguilar siente que su hogar se ha convertido en una mercancía más. “Yo siempre he cuidado muy bien el piso y nunca he dejado de pagar el alquiler”, subraya. Al recibir la noticia del desahucio, su reacción fue “llamar al Ayuntamiento, porque pensaba que me apoyaría, que nunca admitiría que unos fondos pudieran quitar a una familia de su casa.” Pero no fue así. La respuesta fue fría, puramente burocrática: los nuevos propietarios tienen derecho a hacerlo. “Por desgracia, es así. Las leyes se lo permiten.”
Al recibir la noticia del desahucio, su reacción fue “llamar al Ayuntamiento, porque pensaba que me apoyaría, que nunca admitiría que unos fondos pudieran quitar a una familia de su casa.” Pero no fue así.
Marga Aguilar en su terraza y el aviso de desahucio que recibió por burofax. Fotos: Núria Magdalena Webb
La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha planes para construir alrededor de 50.000 viviendas de protección social hasta 2030. Pero los activistas de la vivienda y las personas afectadas por desahucios inminentes afirman que estas medidas no resuelven la crisis inmediata. Lo que los residentes quieren es quedarse en sus casas. “El Ayuntamiento, la Generalitat y las administraciones deberían aprobar ya una normativa prohibiendo que los grandes fondos de inversión no puedan echar de sus casas a las familias”, dice Aguilar.
Sin alternativas claras ni un plan B, Aguilar enfrenta el futuro con una mezcla de tristeza y rabia. “La vivienda debería abordarse junto con la sanidad y la educación, porque son los pilares de una sociedad. Hay un profundo desgaste emocional, físico y de confianza. La gente ya no cree en el poder transformador de la política.” Aún así, insiste que “no tienen suficiente poder para desahuciarnos a todos”. Aguilar continuará luchando para seguir viviendo bajo las alas de su ‘papallona’ (mariposa).
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