Usted ha compaginado su trabajo como fiscal con la docencia universitaria. ¿Qué le ha aportado el contacto con el mundo universitario en el ejercicio diario de su profesión?
Mi actividad docente empezó en la Facultad de Derecho de La Laguna (Tenerife) en 1964, habiendo ganado un concurso-oposición para una plaza que creo que se llamaba adjunto de Derecho Penal, o algo así. Cuando llegué a Barcelona me integré, como profesor ayudante, en la cátedra de Derecho Penal del profesor Pérez Vitoria, fallecido recientemente. La ley permite a los jueces y fiscales la compatibilidad en determinados casos. Continué compatibilizando, pues, la docencia y el ejercicio profesional hasta que me lo impidió la intensidad del trabajo, al ser nombrado teniente fiscal, que es el subjefe de la fiscalía.
La docencia universitaria me permitió aportar a la actividad diaria práctica una perspectiva teórica y distante, siempre necesaria. Además me exigía un constante estudio dogmático, complemento indispensable de preparación teórica. Es como la gimnasia para un deportista. El trato con los profesores ajenos a la práctica judicial, especialmente críticos con ésta, era un acicate necesario aunque a veces incómodo. El trato con los jóvenes alumnos añadía frescura a la experiencia. En los tiempos de la dictadura todo ello estaba envuelto en la excepcionalidad (que nos parecía normalidad) de las restricciones de derechos.
¿Ha tenido usted ocasión de tener contacto con las nuevas generaciones de juristas y de profesionales del derecho? ¿Qué consejo daría a un joven que esté empezando la carrera de Derecho?
Mi relación con las nuevas generaciones de profesionales del derecho se reduce a la que he tenido con los y las jóvenes fiscales, relativamente dificultada, incluso contra mi voluntad, porque yo era el jefe, y porque por la edad, podía ser más que su padre. Su preparación es excelente, en general, y su perspectiva cultural, cívica e ideológica es, en líneas generales, difusamente liberal y escasamente comprometida. No creo conveniente dar consejos, sobre todo porque es consustancial a la juventud desatenderlos. Si alguien, no obstante, hubiera de atenderme, le diría que hay dos cosas que deben cumplirse: la preparación técnica profesional debe ser constante y óptima, y la honestidad profesional —anteponiendo lo justo a lo lucrativo— es inseparable de un uso digno de la herramienta del derecho.
¿Qué tipo de medidas concretas podrían ser las más efectivas para evitar un uso interesado de la justicia, como el de la judicialización de la política?
Para erradicar la patología de la judicialización de la política, lo primero que hace falta es que la política incremente sus niveles de honestidad. Y que se abandone el uso torticero de los tribunales, alabándolos cuando son favorables y denostándolos cuando son desfavorables, lo cual hacen todos, de un color político o del contrario. Siempre habrá en la administración de justicia aciertos y desaciertos, e incluso conductas irregulares o hasta delictivas. Y siempre debe conservarse el derecho a la crítica, incluso si es desacertada. Pero la mayor parte de las instrumentalizaciones y críticas se refieren a actuaciones correctas de los tribunales, desfavorables, utilizadas, interpretadas y valoradas por quienes, teniendo poder, se sienten incomodados por ellas.
Dice en su libro que «los tribunales no han sido en España un instrumento positivo en la erradicación temprana de la corrupción política nacida de la democracia». ¿Cree que la situación ha cambiando y sí lo son ahora?
En los últimos veinte años se ha mejorado en la voluntad de perseguir la corrupción política y en la capacidad técnica de hacerlo, tanto para su represión como para su prevención. En Cataluña, tras un periplo parlamentario sintomáticamente lento, se ha instituido la Oficina Antifraude, que ya tiene un gran prestigio internacional, y debería ser un ejemplo para el resto de España. La Fiscalía Anticorrupción, que puso en pie Jiménez Villarejo, está siendo un instrumento básico en la persecución penal de la delincuencia ligada a la corrupción política. Sin embargo, los malos son siempre más que los buenos. No debemos echar las campanas al vuelo.
Su sucesora en el cargo, la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, nos dijo en una entrevista para la revista de la Universidad que «el trato a la víctima por parte de la justicia es una asignatura pendiente». ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Estoy de acuerdo en la valoración de las víctimas como asignatura pendiente. Incluso la misma actuación de los tribunales produce una segunda victimización que se suma a la que produce el delito. Eso no se resuelve solamente con más dinero, que hace falta para esa atención. Es necesario, además, un esfuerzo, colectivo e individual, de humanización en el trato personal y procesal para con las personas que se encuentran en una excepcional situación psicológica o social de fragilidad a causa de la agresión del delincuente.
