¿Cómo recuerda usted su etapa universitaria?
Si bien uno recibe la doctrina jurídica desde la hegemonía de la cultura dominante, siempre me quedaba durante la época en la universidad la reflexión sobre qué pasa con los pueblos indígenas. Porque era otra realidad. En el pensum académico del derecho ―y eso ha ocurrido también en las otras ramas de las ciencias―, estaba ausente la noción de los pueblos indígenas, y por ello era una formación incompleta.
Sin embargo, esta experiencia de la formación en la universidad, en la medida en que tiene una vinculación con todo un proceso organizativo, con la lucha de los pueblos, contribuye al conocimiento de otra racionalidad. Es importante fortalecer lo propio con la educación formal. Así, por un lado, se tienen herramientas para poder entender el código occidental y, por otro lado, se puede llevar adelante el código propio. Para concluir que ambos pueden convivir. En los inicios de los años ochenta, en que era estudiante, comencé a escribir artículos sobre el pluralismo jurídico los pueblos. Se trata de que la convivencia de formas de producir conocimiento, de formas de desarrollar doctrinas, incida realmente en la resolución de los conflictos de un país, de una sociedad pluricultural.
¿Cuál es su relación personal con la ley? ¿Cree que es un instrumento a favor del poder o que, al contrario, sirve para defender los derechos de los más débiles?
La ley, así como la norma constitucional, ha tenido a lo largo de la historia aspectos de exclusión, de criminalización, con cargas ideológicas de opresión. Pero se ha ido modificando. Lo que hace la sociedad civil activa, y también la sociedad de los pueblos indígenas, es motivar los cambios para que realmente las leyes puedan ser producto de la sociedad. Que las leyes no surjan desde los escritorios pensados para controlar, pensados para limitar; sino que estén pensadas para ejercer el derecho y para resolver los conflictos con justicia. Y creo que ésa es la dinámica que estamos viviendo. Respecto a la relación con la ley, tenemos experiencias de lo que ha sido restrictivo o excluyente para nosotros, como pueblos indígenas. Pero también tenemos la posibilidad de cambio. Y a fin de cuentas, los cambios normativos legales o constitucionales vienen a ser una de las herramientas, no la solución.
¿Qué pueden aportar los códigos, las normas de conducta indígenas, a nuestro sistema occidental?
El tema es cómo conocer lo distinto, en este caso lo indígena, y respetarlo, para convivir. Es decir, que no pueda haber una dicotomía entre las formas de educación y principios de las diferentes culturas para terminar imponiendo una sobre la otra, que es lo que ha ocurrido. Se trata de que haya miradas distintas y de que convivan distintas civilizaciones que comparten un mismo espacio territorial; y de que esto tenga que ver también con la toma de decisiones; que las propuestas de los pueblos indígenas puedan ser viables para el ámbito político o para la estructura institucional. Con ello estaría planteando un cambio estructural de fondo sobre el modelo de estado, sobre el modelo de gestión pública, sobre el ejercicio del poder, y también sobre el modelo económico. Y en esto la acción de los pueblos indígenas va a ser importante, así como su voz en el diseño de proyecto político que se plantee para el país. El asunto es que entonces hay que compartir, conocer a fondo qué piensa el movimiento indígena; qué visión tienen los pueblos indígenas sobre la forma en la que se lleva la educación o la medicina; qué conocimientos tienen. Y hay que poder redimensionar esos principios en una reconceptualización, en una nueva agenda, y que eso contribuya realmente a generar unos nuevos paradigmas. El esfuerzo es estar abierto a la convivencia, a conocer lo distinto. Y no estaríamos hablando de unas inclusiones de folclore, sino de unas inclusiones de contenido que conlleven modificaciones estructurales de fondo.
Usted es un caso excepcional de mujer indígena que llega a un tribunal constitucional latinoamericano. ¿Cuál es en este momento la presencia de la mujer en altos cargos en América Latina?
El movimiento de mujeres en el caso de la región latinoamericana, desde la década de los setenta, tanto en su discurso como en su plataforma de contenidos, ha ido reforzándose cada vez más. Y ha logrado incidir, por ejemplo, para lograr la equidad de oportunidades en los trabajos. Si hacemos un estudio del porcentaje de participación de mujeres en la política, vamos a tener un repunte acechón respecto a treinta años atrás. El hecho de visibilizar la presencia de las mujeres al frente de un país como mandatarias es sumamente importante. La correlación de igualdad de oportunidades no está del todo subsanada, pero creo que ha avanzado mucho en la región de América Latina.
Hay que tener presente que esta participación de la mujer también responde a un contenido de posición política, ideológica. Ésta es una de las cuestiones que también tiene que repensar el movimiento de mujeres, porque las mujeres no somos uniformes, ni desde ese punto de vista político e ideológico, ni tampoco desde el étnico-cultural.
