La Universidad de Barcelona reclama la autonomía universitaria ante la defensora del Pueblo

Escudo de la Universidad de Barcelona
Escudo de la Universidad de Barcelona
Institucional
(19/03/2012)

La Universidad de Barcelona comunica que esta semana ha presentado ante la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, al considerar que vulnera el derecho de la autonomía universitaria, recogido en el artículo 27.10 de la Constitución y en el artículo 2 de la Ley orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de universidades (LOU).

Escudo de la Universidad de Barcelona
Escudo de la Universidad de Barcelona
Institucional
19/03/2012

La Universidad de Barcelona comunica que esta semana ha presentado ante la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, al considerar que vulnera el derecho de la autonomía universitaria, recogido en el artículo 27.10 de la Constitución y en el artículo 2 de la Ley orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de universidades (LOU).

 
La Universidad de Barcelona entiende que, cuando el artículo 3 del Real decreto ley 20/2011 prohíbe la incorporación de nuevo personal a las universidades para el año 2012, el Estado está asumiendo tanto funciones de autoorganización como académicas, que corresponden exclusivamente a las universidades, en función de su disponibilidad presupuestaria anual.
 
El Estado, al asumir funciones estrictamente académicas,está decidiendo sobre las necesidades docentes e investigadoras que corresponden a la universidad. Por otra parte, al asumir funciones de autoorganización, está decidiendo sobre la relación de puestos de trabajo, que también corresponde a la universidad. En ambos casos, vulnera la autonomía universitaria.
 
Puesto que la Universidad de Barcelona no está legitimada para interponer directamente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que este recurso pueden interponerlo, entre otros, cincuenta senadores, cincuenta diputados o el defensor del Pueblo, este Rectorado ha optado por solicitar la interposición a la defensora del Pueblo.
 
Si bien esta Universidad es plenamente consciente de la grave situación económica y de la necesidad de adoptar medidas para corregirla, no es menos consciente de su obligaciónde defender el derecho fundamental de la autonomía universitaria como elemento esencial para poder cumplir la función que tiene encomendada por la propia Constitución y por el ordenamiento jurídico.