Los consejos sociales de las universidades públicas catalanas reclaman financiación para revertir el impacto de la COVID-19
Los consejos sociales de las universidades públicas catalanas alertan del impacto directo de la pandemia de COVID-19 sobre las instituciones universitarias y reivindican que se destine una parte de los fondos especiales a la reconstrucción del país tras el coronavirus para compensar la situación. Lo hacen en el artículo «La universidad pública catalana, motor de desarrollo después de la COVID-19», que publican hoy, 15 de mayo, en La Vanguardia, y que firman los presidentes y presidentas de los consejos sociales de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili, y la Universidad de Lleida.
Los consejos sociales de las universidades públicas catalanas alertan del impacto directo de la pandemia de COVID-19 sobre las instituciones universitarias y reivindican que se destine una parte de los fondos especiales a la reconstrucción del país tras el coronavirus para compensar la situación. Lo hacen en el artículo «La universidad pública catalana, motor de desarrollo después de la COVID-19», que publican hoy, 15 de mayo, en La Vanguardia, y que firman los presidentes y presidentas de los consejos sociales de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili, y la Universidad de Lleida.
El artículo alerta de que la crisis ocasionada por la COVID-19 ya está impactando fuertemente en la financiación de las universidades. «Hemos hecho una primera estimación y la afectación, en el sistema universitario público catalán, supera los 75,4 millones de euros, el 80 % de los cuales corresponde a una reducción de los ingresos», subraya el artículo. A ello se sumarán nuevos gastos derivados de la situación de excepcionalidad, como los asociados a la prevención de riesgos de la COVID-19 y la adquisición de más recursos tecnológicos para reforzar el teletrabajo y los servicios de formación a distancia. Además, la reducción de la actividad económica y la menor disponibilidad de recursos de las familias comportarán el curso que viene una disminución de la matrícula en los estudios oficiales (sobre todo en los másteres), una menor actividad de formación continua y de posgrado, y también una reducción de los convenios de I+D+i.
Los consejos sociales recuerdan que las universidades públicas son una apuesta de país y que hay que atenderlas con la prioridad que se merecen: «La inercia de un contexto de crisis económica nos puede llevar a una grave contradicción: menos formación superior y menos transferencia de conocimiento y de tecnología con nuestro entorno económico en un momento en que la formación y la transferencia serán más necesarias que nunca, si queremos superar la crisis con solidez», afirman.
De ahí que se reclame una dotación económica para las universidades de los fondos especiales de reconstrucción del país tras el coronavirus, tanto para atender y corregir el impacto de la pandemia como para establecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior y que refuercen la colaboración entre la universidad y los sectores socioeconómicos. El papel de los consejos sociales será clave en este intercambio debido a que actúan como engranaje entre sociedad y universidad.
Es posible leer el artículo íntegro.