El primer anuario sobre buen gobierno y calidad normativa hace propuestas para mejorar las regulaciones municipales
El catedrático de la UB Juli Ponce codirige el primer Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación, en el que se analizan cuestiones como los códigos éticos, la prevención de la corrupción, la inteligencia artificial, la evaluación de las políticas públicas, el papel de los grupos de presión o el impacto de las ciencias conductuales en la gestión pública. La obra, publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, destaca en esta edición la importancia de disponer de una normativa de calidad para lograr un buen gobierno y una buena administración. En ella se explica cómo una buena gestión pública contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y que una buena calidad institucional repercute en una mayor riqueza económica.
El catedrático de la UB Juli Ponce codirige el primer Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación, en el que se analizan cuestiones como los códigos éticos, la prevención de la corrupción, la inteligencia artificial, la evaluación de las políticas públicas, el papel de los grupos de presión o el impacto de las ciencias conductuales en la gestión pública. La obra, publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, destaca en esta edición la importancia de disponer de una normativa de calidad para lograr un buen gobierno y una buena administración. En ella se explica cómo una buena gestión pública contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y que una buena calidad institucional repercute en una mayor riqueza económica.
«Si nuestra calidad institucional mejorara hasta alcanzar el mismo nivel que ocupa la productividad de nuestra economía entre los países del mundo, esto se traduciría en un incremento de nuestra riqueza (medida por nuestro PIB) de un uno por ciento anual durante un periodo de unos quince años», afirman los autores del anuario. La buena regulación contribuye a un uso más eficiente de los recursos presupuestarios públicos. Además, es importante para lograr una competencia justa en el ámbito económico y también para tener unas normas realmente efectivas.
El anuario, coordinado por el profesor de la UB Òscar Capdeferro y codirigido por el profesor Manuel Villoria, también explica que el tema de la buena regulación ha sido incluido en la agenda política y administrativa hace muy poco. Se apunta la necesidad de modificaciones legislativas y de cambiar modos de gestionar en el ámbito público para mejorar la regulación en el ámbito local, sobre todo porque ya hay numerosas sentencias judiciales que constatan malas prácticas en casos como la regulación de taxis y vehículos de turismo con conductor (VTC), las licencias urbanísticas o algunos requisitos de la contratación pública. Asimismo, el documento también constata que, si bien a nivel estatal y autonómico ya existen algunas unidades administrativas específicas para mejorar la regulación, no sucede lo mismo en el mundo local. Igualmente, se estudia el caso concreto de la Ley de garantía de la unidad de mercado y se subraya que los ayuntamientos han tenido una participación reducida en la implementación de dicha legislación. También se analiza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a una buena administración, y los efectos que ha tenido diez años después de haberse convertido en un texto legalmente vinculante.
El anuario termina con una serie de recomendaciones concretas, como el desarrollo de actividades formativas tanto para cargos electos como para altos cargos y trabajadores públicos locales, especialmente secretarios de Ayuntamiento. Asimismo, se aconseja un conjunto de cambios normativos y se defiende un incremento de la cooperación entre los distintos niveles de producción normativa y unos diseños organizativos adecuados para promover la mejora de la regulación.
El anuario, que tiene la colaboración de la Federación de Municipios de Cataluña y el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se preparó previamente en la UB con la organización de dos laboratorios en vivo (living labs), actividad llevada a cabo con una metodología colaborativa para innovar mediante la participación de varios actores, más allá del ámbito estrictamente académico.