Un libro del profesor Juli Ponce sugiere cómo regular la participación de los grupos de presión en la elaboración de normas
La sola posibilidad de renegociar reglamentos y anteproyectos de ley con actores privados, más conocidos como grupos de presión o lobbies, puede despertar «(pre)juicios negativos» entre los lectores, reconoce Juli Ponce, profesor de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Barcelona, en el primer capítulo del su libro Negociación de Normas y Lobbies (Thompson Reuters Aranzadi). Este estudio, que se presenta el viernes 19 de febrero a las 12 h en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, plantea los aspectos positivos de la frecuente, y a menudo desconocida, participación de los grupos de presión en la labor normativa, y apunta fórmulas para evitar las posibles consecuencias negativas, como que solo se tengan en cuenta los grupos con más capacidad de influir y que refuerzan las grandes desigualdades existentes en la actualidad, o incluso que se pueda ejercer una influencia indebida con prácticas que incurren en corrupción, tales como el tráfico de influencias.
La sola posibilidad de renegociar reglamentos y anteproyectos de ley con actores privados, más conocidos como grupos de presión o lobbies, puede despertar «(pre)juicios negativos» entre los lectores, reconoce Juli Ponce, profesor de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Barcelona, en el primer capítulo del su libro Negociación de Normas y Lobbies (Thompson Reuters Aranzadi). Este estudio, que se presenta el viernes 19 de febrero a las 12 h en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, plantea los aspectos positivos de la frecuente, y a menudo desconocida, participación de los grupos de presión en la labor normativa, y apunta fórmulas para evitar las posibles consecuencias negativas, como que solo se tengan en cuenta los grupos con más capacidad de influir y que refuerzan las grandes desigualdades existentes en la actualidad, o incluso que se pueda ejercer una influencia indebida con prácticas que incurren en corrupción, tales como el tráfico de influencias.
En la presentación de la obra participarán el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo, el catedrático de Ciencia Política de la UAB Joan Subirats y la profesora de Ciencia Política de la UB Laura Chaqués, en un debate moderado por el periodista David Bassa.
Juli Ponce defiende que en el tema de los grupos de presión «el reto está en aceptar su papel, pero inyectando transparencia y formalización mediante una regulación adecuada». En las conclusiones de la obra se señala que «la participación ciudadana se constituye como un elemento de transparencia, buen gobierno y buena administración, de modo que se potencia la calidad normativa y la objetividad de los intereses considerados, a la vez que se promueve una mayor eficacia normativa y una menor litigiosidad». Ahora bien, se afirma que en la elaboración de normas por parte del poder ejecutivo «se abren con frecuencia espacios de negociación, informales y opacos, que potencian el riesgo de desequilibrio en la participación a favor de potentes lobbies, pueden generar conflictos de intereses y, en última instancia, generar corrupción».
El libro estudia la situación europea y norteamericana, analiza varios casos judiciales surgidos al respecto en Cataluña y propone los elementos que debería tener en cuenta una futura normativa que regulara mejor la participación de los grupos de presión en la elaboración de normas, más allá del registro obligatorio impuesto recientemente por la ley catalana de transparencia, acceso a la información y buen gobierno —justo ahora en fase de desarrollo— por primera vez en España. Algunos de estos principios jurídicos serían, entre otros, los de publicidad, transparencia y confidencialidad; el principio de representatividad de los intereses presentes en la negociación, en el que se incluiría una labor proactiva de la Administración para que todos los intereses relevantes estuvieran presentes en la negociación y no se excluyese ninguno; o que el mediador o responsable de dirigir las conversaciones con los grupos de presión siga el principio de imparcialidad y neutralidad durante el procedimiento de elaboración de la norma (en este sentido, se recomienda formar a empleados públicos que puedan ejercer esta tarea durante la toma de decisiones normativas, o bien que esta se encargue a profesionales ajenos a la Administración actuante, pero que reúnan las condiciones imprescindibles de capacidad técnica de imparcialidad y objetividad). El libro también aboga por mejorar la regulación de la huella normativa obligatoria, es decir, la constatación en documento escrito de los contactos informales y de los documentos que los actores privados hagan llegar a los reguladores, para saber quién, cuándo y cómo ha tenido influencia durante el proceso de elaboración de normas.