a) Que recibirá una respuesta a la denuncia de sus sospechas.

b) Que puede realizar las comunicaciones de forma confidencial.

c) Que la Universidad no tolerará ningún tipo de represalia.

a) Se debe analizar la sospecha de fraude para determinar su admisión a trámite.

b) En caso de que la sospecha no se admita, debe notificarse de forma motivada al denunciante, que puede recurrir la decisión ante el rector o rectora.

c) En caso de que la sospecha se admita, la Comisión Antifraude deberá pedir información al órgano, la unidad y las personas afectadas, así como a los posibles testigos y terceros de interés para los hechos comunicados: deberá entrevistarles con el asesoramiento interno y externo que estime oportuno; deberá emitir un informe lo antes posible (como máximo, en el plazo de tres meses desde la recepción de la denuncia o el inicio del procedimiento de oficio, prorrogable dos meses más de forma motivada), y deberá elevar el informe al rector o rectora, junto con el detalle de las actuaciones llevadas a cabo. El rector o rectora, en vista del informe, trasladará el resultado de la investigación al denunciante y, en su caso, cuando el expediente no sea objeto de archivo, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y a la Oficina Antifraude de Cataluña.

En todas las comunicaciones, actuaciones, solicitudes de documentación e informes deberán omitirse los datos relativos a la identidad del denunciante.