Las declaraciones de la ministra en el Senado del pasado 7 de marzo, manifestando la intención del gobierno de eliminar a partir del 2027 la alternativa al RETA que ejercen históricamente las mutualidades para los profesionales autónomos colegiados, son cuanto menos preocupantes.

Quisiera profundizar en lo que supondría para miles de profesionales, ingenieros, médicos, arquitectos, procuradores, gestores administrativos y los propios abogados, actuales y futuros, perder este derecho. Por un lado, sería perder un modelo de colaboración público-privada que lleva décadas funcionando de forma eficaz y solvente, apoyando al sistema público y evitándole un mayor desequilibrio, contando, además, con altos márgenes de solvencia. La pérdida de derechos nunca es buena, siempre resta. Además, hoy estos profesionales ya pueden optar por el RETA en cualquier momento, si así lo deciden. Señalemos que hay una autorregulación de las mutualidades, apoyada por los recientes cambios legislativos, que nos permite ofrecer una mejor cobertura para nuestros mutualistas alternativos, y precisamente ahora, cuando se había avanzado en este marco regulatorio del pilar 1 de previsión social, se pretende poner en marcha la cuenta atrás en el marcador. ¿Sin más reflexión, sin escuchar a las mutualidades de previsión social de ámbito profesional, sin analizar todas las consecuencias?

Este derecho a optar existe porque en su día a estos profesionales se les dejó fuera del RETA, porque se protegían a través de sus mutualidades antes de que la propia Seguridad Social existiera. Además, la mayor parte de estos profesionales son fundamentales para el buen funcionamiento de la sanidad o la modernización de la industria y la economía donde hay escasez de estos perfiles. Así, facilitarles su capacidad de emprendimiento y pluriactividad, como hacen sus mutualidades, siempre es beneficioso para todos. Por este motivo, sorprende que se generen más barreras que iniciativas para favorecerlo. Con todo esto, la eliminación de la alternativa al RETA no beneficia a ningún colectivo, al contrario, perjudicaría a miles de profesionales y a la sociedad en su conjunto.

Además, las mutualidades somos entidades con muchos años de historia y experiencia en previsión social. Siempre hemos gestionado los derechos y las expectativas de nuestros mutualistas con rigor, transparencia, objetividad y solvencia. Estamos sometidas a las mismas exigencias que el resto de compañías aseguradoras y con márgenes de solvencia por encima del 200%, a cierre del 2023. Así, por nuestra naturaleza y conocimiento deberíamos tener mayor apoyo y reconocimiento de la administración para afrontar los retos futuros de las pensiones y la previsión social de nuestro país.

Si una abeja nos molesta, ¿tenemos que terminar con toda la especie? ¿Verdad que no se nos ocurre? Obviamente, el daño que con ello se causaría sería infinitamente mayor que la molestia ocasional que se trataría de evitar. Pues eso ocurre con las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando dice querer acabar con la alternativa al RETA de todos los colectivos de profesionales aprovechando las reivindicaciones del “Movimiento #J2”, que, por lo demás, en absoluto propugna tal extinción.

Esta es una opinión compartida por las demás mutualidades alternativas al RETA y por los colectivos profesionales a los que protegemos. Por todo esto, considero que el anuncio de la ministra centrado en eliminar la alternativa al RETA a partir del 2027 no está justificado y es un grave error que produciría más perjuicios que beneficios. Debemos convocarnos a trabajar y reflexionar en un proyecto conjunto en los tres pilares de nuestra protección social, rectificando la intención ministerial declarada en marzo, disipando los temores de este anuncio y colaborar para mejorar el ámbito de protección de las mutualidades para, así, facilitar a los profesionales colegiados el emprendimiento y su progreso.

Autora: Susanna Carmona, directora general de La Mútua dels Enginyers.