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Ciro Llueca¹
Vicegerente de Investigación y Transferencia
Director Editorial UOC
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

España. Ministerio de Ciencia e Innovación (2023). Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) 2023-2027. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría General Técnica. 29 p. Disponible en: <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/c30b29d7-abac-4b31-9156-809927b5ee49>. [Consulta: 05/05/2023].

Hay que reconocer que España está haciendo los deberes en materia de ciencia abierta. En coherencia con el tsunami internacional y, más concretamente, europeo, en los últimos meses hemos asistido a una actividad frenética en el campo legislativo y político. Por no retroceder en exceso en el tiempo: debemos recordar que coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Budapest Open Access Initiative, la UNESCO aprobó en su sesión anual de 2021 su Recomendación sobre Ciencia Abierta, elevando a rango de derecho humano universal lo que venía siendo un sólido movimiento a favor del bien común en la ciencia y la investigación. En la Unión Europea, los avances en este camino han sido incesables e incansables, siendo el elemento más palpable la ya habitual condición sine qua non de la apertura de publicaciones y datos en los proyectos de investigación financiados con dinero público. Por su parte, España ha dado el paso del acceso abierto a la ciencia abierta mediante dos conocidos textos legales: la Ley de la Ciencia de 2011, actualizada en 2022; y el Real Decreto de Enseñanzas de Doctorado de 2011, todavía vigente, junto a la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. En todas estas disposiciones, así como en otras manifestaciones², se incluye el mantra del acceso abierto a las publicaciones científicas de proyectos financiados con dinero público.  

Y, lógicamente, el paso siguiente era la aprobación de la primera estrategia española de ciencia abierta, que reseñamos de urgencia por si ayuda a una mejor comprensión del público lector del Blok de BiD.

La Estrategia española contempla seis dimensiones (resultados de investigación; datos, protocolos y metodologías; infraestructuras; revisión por pares; ciencia ciudadana; y evaluación de la investigación), coherentes con otras políticas similares, y se concreta en cuatro objetivos estratégicos vinculados a las infraestructuras, los datos, las publicaciones en un sentido amplio, y la evaluación de la investigación. Para cada conjunto de objetivos se define un calendario y una responsabilidad. 

La visión 2027 es lograr que los procesos de financiación, comunicación y evaluación de la investigación científica incorporen los principios de ciencia abierta, a partir de acciones relativas a:

• Infraestructuras, donde se espera contar con disponibilidad de plataformas interoperables, donde depositar, gestionar y acceder a los contenidos abiertos: repositorios institucionales, regionales y temáticos; CRIS (Current Research Information Systems) institucionales; y plataformas de gestión editorial, bajo el aviso de que deberán desarrollarse en software libre. Las medidas de actuación incluyen el mapeo e identificación de esas infraestructuras interoperables, así como la creación de nuevas plataformas, y su respectiva financiación. 
   
• Datos, en que se apunta a la implantación de una metodología de gestión de los datos de investigación, conforme a los célebres principios FAIR (por el acrónimo en inglés de Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables). Las acciones concretas observan la creación de perfiles profesionales de soporte, como data stewards o data analysts; la mejora de la comunicación científica de los datos mediante la obligatoriedad de un plan de gestión de datos (DMP, por sus siglas en inglés); y cobertura jurídica para el acceso con fines de investigación a esos datos. 
   
• Publicaciones científicas, donde se establece el objetivo del acceso en línea a la literatura científica, bajo licencias que permitan el uso y la explotación «sin barreras económicas, legales, ni tecnológicas». Las medidas de actuación contemplan el depósito de la pertinente «copia de la versión final aceptada para publicación, de forma simultánea a la fecha de publicación» y su inclusión en los méritos de evaluación; también la monitorización del cumplimiento de la legislación y política sobre ciencia abierta (el reivindicado observatorio del art. 37 de la Ley de la Ciencia, suplido hasta la fecha con iniciativas parciales³, sectoriales⁴ o regionales⁵); la negociación de los acuerdos transformativos –cuyas luces y sombras están generando gran nerviosismo en las universidades españolas–; la superación del factor de impacto como elemento único de evaluación de las publicaciones, «teniendo en cuenta el valor de la contribución y no el medio de comunicación»; así como, nuevamente, la cobertura jurídica mediante las oportunas reformas de la cerril legislación de propiedad intelectual.
   
• Y, finalmente, en evaluación de la carrera investigadora, en que se apunta a dotar de un nuevo sistema de evaluación, así como los incentivos y formación oportunas. En las acciones concretas: mayor sensibilización y reconocimiento público a la ciencia abierta; la exigencia de requerimientos open en la financiación pública; la transformación de la evaluación de la investigación; y la formación al personal investigador y evaluador, para poder actuar en coherencia. No olvidemos que son numerosas las universidades e instituciones que por adhesión a COARA deben presentar en los próximos meses planes concretos de transformación interna. Pero tampoco obviemos que todavía existen dudas y resistencias en buena parte del profesorado universitario y de numerosas instituciones de evaluación⁶, para mayor entumecimiento de nuestra ciencia⁷. 

Como ocurre en la mayoría de estrategias nacionales de la UE, el presupuesto de la Estrategia no se especifica en el texto. Pero sí consta en la comunicación pública de la misma, y allí se informa que moviliza un potencial presupuesto público de 23,8 millones de euros anuales. Aprovechando que estamos en mayo, tiene sentido destacar que este importe supera el total de 11,7 millones de euros previstos por el gobierno francés para su Estrategia 2018-2021⁸. Pero estaremos atentos a la ejecución del fabuloso presupuesto español, por si las moscas. 

A las puertas de la presidencia española de la Comisión Europea, la aprobación de esta Estrategia es, qué duda cabe, una estupenda noticia. Demuestra un compromiso adecuado de las máximas instituciones públicas, y fortalece una hoja de ruta de obligado cumplimiento para universidades y centros de investigación científica. El redactado es directo, claro y riguroso, y se aleja de los mensajes etéreos o las aspiraciones románticas que a menudo acompañan (y empañan) las buenas intenciones políticas.

En la prueba del algodón se aprecian algunas incógnitas, vinculadas a algunos elementos incipientes de la ciencia abierta. Por ejemplo, ignora la pasividad de la Ley de Propiedad Intelectual española respecto a los preceptos de la ciencia abierta, cuya consideración doctrinal se mantiene en una percepción de «expolio ilustrado»⁹. Ello, tras la incorporación precipitada de la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único de Digital a la legislación española (dificultando la minería de texto y datos, entre otras cuestiones)¹⁰. De hecho, es asombrosa la ausencia de referencias a la minería de texto y datos. Más vacíos: la inquietante ausencia de los Recursos de Aprendizaje en Abierto (OER, por sus siglas en inglés). Es también inquietante la falta de referencias al multilingüismo propio de la sociedad y la ciencia española. O la falta de concreción del apoyo gubernamental (institucional, pero sobre todo económico) a las difíciles negociaciones de los acuerdos transformativos. Hay más incógnitas: no presta atención a la apertura del software surgido de la financiación pública, contrariamente a la mayoría de políticas de nuestro entorno. Y se echa de menos una visión de los depósitos más allá del penoso autoarchivo que se supone debe realizar el personal investigador. Por no hablar de la falta de acompañamiento al sector editorial de libros académicos, especialmente de ciencias sociales y humanidades, en su necesaria evolución a la publicación en abierto. La inteligencia artificial tampoco aparece en el documento. Ni el oscuro territorio de las patentes. En fin, los más exigentes podrán opinar que se queda a medio camino. 

Pero a estas alturas, acostumbrados a los brindis al sol y a los mensajes utópicos, debemos saludar con simpatía la nueva pieza del entramado para el impulso a la Ciencia Abierta en España, por su ambición, rigor, y prometedora dotación presupuestaria. En este caso queremos pensar que menos es más. 

¹ Mi agradecimiento a las personas que han revisado y mejorado la presente reseña: Lluís Anglada (CSUC), Ignasi Labastida (UB) y Pastora Martínez-Samper (UOC).

² CRUE (2019). Compromisos de las universidades españolas ante la Open Science. Madrid: CRUE. [Consulta: 05/05/2023]; Catalunya. Generalitat. Departament de Recerca i Universitats (2020). Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [Consulta: 05/05/2023].

³ FECYT (2016). Informe de la comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia. Madrid: FECYT. [Consulta: 05/05/2023].

⁴ CRUE. REBIUN (2021). Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2016-2020). Madrid: REBIUN. [Consulta: 05/05/2023].

⁵ CSUC (2023). CORA: Portal de la Recerca de Catalunya. Barcelona: CSUC. [Consulta: 05/05/2023]; Universitat Politècnica de Catalunya (2023). Observatori de l’Accés Obert. [Consulta: 05/05/2023].

⁶ En las Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas (València, 9-11 de noviembre de 2022) se vivió una escena controvertida. Tras las palabras inaugurales del ministro de Universidades, Joan Subirats, alentando a la adhesión a COARA, y mientras el representante de la European University Association, Stephane Berghmans, invitaba a las universidades a sumarse al consorcio, y la investigadora Elena Domínguez Cañas (CSIC) era aplaudida por sus palabras de soporte a la iniciativa, los directores de la Agencia Estatal de Investigación, Domènec Escriu; y de la ANECA, Mercedes Siles, se mostraban cautos al respecto. Es de imaginar que el nombramiento de Pilar Paneque como nueva directora de ANECA, en febrero de 2023, refuerza la complicidad institucional con los compromisos Open. La sesión monográfica está disponible aquí. [Consulta: 05/05/2023].

⁷ Méndez, Eva (2023). «Se nos pudre la ciencia». El País, (20/04/2023). [Consulta: 05/05/2023].

⁸ En la actualización de 2021 del plan francés no se especificó un presupuesto. Reseña de los planes galos en: Llueca, Ciro (2021). «Ciencia abierta en Francia: cien acciones para acelerar la apertura de la investigación». Blok de BiD, (22/09/2021). [Consulta: 05/05/2023].

⁹ Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (2013). «Un expolio ilustrado». Aranzadi civil-mercantil, vol. 2, n.º 8 (diciembre), p. 19-22. 

¹⁰ FESABID (2021). «Transposición inminente de la DEMUD». Web FESABID, (25/11/2021). [Consulta: 05/05/2023].
 

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